Se ha repetido hasta la saciedad, pero no por ello habrá que cejar en la insistencia: el principal motivo de la desconfianza de los ciudadanos en las dependencias gubernamentales creadas para garantizar el honesto actuar de los funcionarios deriva del hecho que, aun cuando se detecten irregularidades y estas sean denunciadas, nada pasa.

Y el que nada pase implica que los incentivos para seguir ejerciendo el poder en forma despótica se mantienen intactos. O, lo que es lo mismo, que los ciudadanos seguimos pagando los “platos rotos” de una clase política renuente a comportarse con acuerdo a un mínimo de decencia.

Lo peor de todo esto es que cada vez es mayor el número de organismos dedicados a “garantizar” el funcionamiento honesto del sector público, es decir, cada vez nos cuesta más a los contribuyentes mantener una burocracia crecientemente obesa que no ofrece resultado alguno.

Primero fueron las contralorías internas; luego se creó la Auditoría Superior del Estado (ASE); ahora existe un complejo y enorme “Sistema Anticorrupción” y un montón de leyes teóricamente diseñadas para que la conducta generalizada en las instituciones públicas sea la honestidad y el cumplimiento escrupuloso de sus responsabilidades.

Lejos de tal posibilidad, la ineficiencia, el descuido, la negligencia y la corrupción siguen campeando en el sector gubernamental porque, aun cuando la irregularidad sea puesta al descubierto, quienes son sorprendidos en falta no reciben castigo alguno.

O, como se consigna en el reporte periodístico que publicamos en esta edición, el asunto queda en “regaños privados” que son iguales a nada, es decir, que eventualmente quizá sería mejor que ni siquiera se impusieran tales “castigos” que en nada incentivan la actuación responsable de los servidores públicos.

La situación obliga a preguntarse –por enésima ocasión–, ¿para qué nos sirve realmente la ASE, la multitud de “órganos internos de control” y el complejo Sistema Anticorrupción si ni siquiera una falta ordinaria es posible castigar en Coahuila?

A los ciudadanos nos decepcionaría menos que los funcionarios públicos –históricamente incompetentes y proclives a la corrupción– mantuvieran sus vicios y exhibieran su conducta impune, pero que al menos eso se “justificara” en la inexistencia de medios para castigarles.

Porque tal como están hoy las cosas, los contribuyentes no solamente debemos pagar el costo de la ineficiencia y la corrupción gubernamentales, sino que además nos vemos obligados a cargar con una burocracia obesa, teóricamente creada para combatir los vicios del sector público, pero que en la práctica no sirve realmente para nada.

Por ello, como se ha dicho en ocasiones anteriores, al analizar situaciones similares, quizá sería preferible que la Auditoría Superior del Estado, los “órganos de control” y la pesada burocracia “anticorrupción” no existieran, habida cuenta que su ineficacia se demuestra cotidianamente con ejemplos como el que se publica hoy en nuestras páginas.