El sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTAUAAAN) presentó dos emplazamientos de huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 1 de noviembre.
 
Roxana Cuevas, secretaria general del SUTAUAAAN, detalló que el primer emplazamiento se presentó por la revisión salarial y violaciones al contrato colectivo de trabajo y convenios celebrados; el segundo, por la revisión integral del contrato colectivo de trabajo y por su rechazo a la disminución del Presupuesto Federal de Egresos 2017 (PEF), destinado a la educación superior.
 
En caso de que los legisladores no corrijan el PEF 2017 y no atiendan sus peticiones, aseguró Cuevas, los sindicatos universitarios impulsarán un movimiento nacional por la defensa de las pensiones y jubilaciones y por el respeto a la dignidad profesional y humana de los trabajadores universitarios.
 
La secretaria general comentó que el segundo emplazamiento forma parte de los acuerdos derivados de la Asamblea Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), en la que 62 de los 92 sindicatos administrativos y académicos pertenecientes decidieron tomar esa resolución para que les resuelvan sus peticiones.

Además, aseguró si el PEF se aprueba con las reducciones que se han propuesto por la Comisión de Presupuesto, afectará gravemente el desarrollo de la educación superior y la investigación científica.

También se verán afectadas las condiciones generales de trabajo, seguridad social y de prestaciones laborales de los trabajadores universitarios.
 
La disminución presupuestaria de casi 10 mil millones de pesos propuesta por el Gobierno Federal, dijo Cuevas, afectará programas prioritarios para el Fortalecimiento y consolidación de las universidades públicas.
 
Dañaría también el apoyo para la atención de problemas estructurales como las jubilaciones y pensiones, el reconocimiento de plantillas y saneamiento financiero, que para el 2017 aparece en cero respecto al subsidio federal, lo que pone en riesgo la seguridad social y la estabilidad laboral de las instituciones, pues eso implica un recorte de 2 mil 713 millones de pesos respecto a lo que se destinó el año anterior.