CDMX.- El fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Neto Castillo, aseguró en el Senado que “en ninguna de las cuatro entidades en el que el próximo 4 de junio habrá elecciones, están en riesgo”. Al exponer las denuncias que más se han recibido en los procesos electorales en marcha: compra y coacción de voto, condicionamiento de programas sociales, turismo electoral, entre otros y destacó que se ha transversalizado en casi todo el país “los descuentos a empleados en municipios y gobierno estatales”.

El titular de la Fepade se reunió con la comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales -integrada por diputados y senadores- y les informó que actualmente hay tres denuncias por financiamiento ilícito, -presumiblemente del crimen organizado, y otras treinta investigaciones por financiamiento ilegal, es decir, desvío de recursos públicos de estados y municipios para partidos o campañas electorales.

Nieto Castillo también pidió a los legisladores que revisen la legislación electoral porque “los delitos electorales no son considerados graves, y esto es un tema prioritario, porque tiene consecuencias procesales relevantes, se puede obtener libertad en el sistema tradicional y en el nuevo sistema no implica cárcel. El condicionamiento de programas sociales debería de ser delito grave y también el de peculado electoral, sobre todo para blindar la elección de 2018”.

Informó a los legisladores que al momento se han abierto 658 expedientes, 80 averiguaciones previas y 378 carpetas de investigación, estas últimas bajo el nuevo sistema de justicia acusatorio, en las cuatro entidades electorales por los delitos de turismo electoral, compra del voto, alteración del registro federal electoral y el más grave, condicionamiento de programas sociales a los más vulnerables, esto es lo más recurrente.

Luego se refirió a los descuentos que se hacen a los trabajadores empleados de municipios y de gobierno estatales, a lo que denominó “retenciones ilegales de recursos y esto, subrayó, se trata de un problema transversal de todo el sistema político, hablamos de Chihuahua, Coahuila, Estado de México y a nivel municipal Texcoco, Torreón, Monclova, Saltillo, es un tema que es importante empezar a analizar”.

En esta reunión, el fiscal dio cuenta de que se investiga la entrega de tarjetas, como la tarjeta Salario Rosa y La Efectiva, pero hay otras y también de varios partidos. Denunció que en Nayarit el secretario de gobierno se amparó ante la solicitud de la Fepade de que entregara los padrones y la base del datos del programa PROSA (Programa de Seguridad Alimentaria en Nayarit).