La poca legitimidad de la elección presidencial de 1988 obligó al Partido Revolucionario Institucional a dialogar con los demás fuerzas políticas, con la finalidad de consensar una serie de reformas político-electorales que, al poco tiempo, derivaron en el nacimiento de un proceso de construcción de instituciones democráticas (IFE y Tribunal Federal Electoral), fundamentales para robustecer y consolidar la transición democrática que se vivía –se vive- en el País.

Dentro de esa ruta del reformismo, en 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); definido, textualmente en la norma constitucional, como un órgano especializado y máxima autoridad en la materia. Es decir, el TEPJF, hasta el día de hoy, es el órgano jurisdiccional encargado de revisar la legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales; de proteger los derechos políticos de los ciudadanos, así como de calificar la validez de las elecciones.

Hago referencia a lo anterior, en virtud de que el pasado 20 de octubre, los senadores aprobaron el nombramiento de los siete magistrados (dos mujeres y cinco hombres) de Sala Superior del TEPJF. El proceso de designación inició con la convocatoria emitida por la Suprema Corte, cuyos ministros eligieron los mejores 21 perfiles que, posteriormente, fueron propuestos en siete ternas a la Cámara de Senadores para su designación definitiva. Dicha designación, de manera inmediata, provocó que diversos partidos políticos manifestaran su descontento por tratarse de un acuerdo consensado entre las principales fuerzas políticas, en el que, a decir de los inconformes, no fueron elegidos los candidatos mejor evaluados, sino los que representan los intereses partidistas; esto es, asignación bajo la lógica de las cuotas de partido. 

Pero lo peor estaba por venir. El 3 de noviembre, mediante una reforma “fast track” a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los senadores decidieron extender el periodo de encargo de 3 a 7 años de dos magistrados recién nombrados y de otros dos magistrados de 6 a 8 años; hecho que generó el descontento de diversos partidos políticos, académicos y organizaciones sociales que, hasta el momento, han reunido más de 20 mil firmas en la plataforma change.org bajo la etiqueta #SinCuotasNiCuates. Este movimiento pretende que se conforme un Tribunal Electoral sin amiguismos e intereses políticos, además de evitar que se extiendan los periodos del cargo establecidos desde la reforma político-electoral de 2008.

Conformar la integración de la  Sala Superior con cuotas partidistas y modificar los periodos del cargo con reformas inconstitucionales contribuye a la construcción de un órgano sin legitimidad, erosionando su imparcialidad e independencia, principios que toda autoridad electoral debe mantener intactos para preservar la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

Además, no queda de más advertir, que será esta Sala Superior quien califique los resultados electorales y declare la validez de la elección presidencial de 2018, pero también, la de Gobernador de Coahuila en 2017; contienda que, por los diagnósticos que arrojan las encuestas, se espera sea definida por una diferencia bastante estrecha.