CDMX.- La mañana de abril en la que el enfermero maya Luis Cauich recibió la llamada de una amiga pidiéndole que recibiera a su hija en el Hospital Integral de José María Morelos, Quintana Roo, el mundo aún conocía poco del virus SARS-CoV-2.

Pero Cauich ya sabía que si la joven de 23 años padecía COVID-19, no había esperanza.

Lleno de angustia, Cauich le tomó los signos vitales y datos de registro para su expediente: tenía diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal, neumonía, EPOC y una discapacidad. Además, era indígena, información que dejó registrada junto con los demás datos de su caso.

“Era maya, toda su familia es maya”, narra el enfermero.

Dado su estado de salud, no había mucho que hacer. Al otro día, el virus le quitó la vida y su deceso en un hospital se añadió a la base de datos oficial de la Secretaría de Salud federal (Ssa), pero con un faltante: no se informó que la joven era indígena.

La columna que indica que ella se reconocía como mujer indígena fue añadida por la Ssa a la base de datos seis meses después de su muerte, hasta el 7 de octubre.

Como éste, la dependencia invisibilizó más de 9 mil casos sospechosos de COVID-19 entre personas pertenecientes a pueblos indígenas (sumando a quienes así se identificaron y a quienes hablan alguna lengua), con fechas de ingreso a hospitales entre enero y octubre de 2020, a pesar de haber contado con este dato desde el inicio de la publicación de la base, revela un seguimiento continuo y análisis de  datos de los que hoy suman más de 2 millones 800 mil registros de pacientes en centros hospitalarios de todo el país.

“Ahora resulta que una institución nos va a decir si somos indígenas. Si con el apellido basta”, comentó con rabia Cauich, al saber que en los datos oficiales no había registro de la etnicidad de su amiga en junio, a dos meses de su muerte.

La variable omitida hasta octubre, bajo el nombre “INDIGENA” (sic), permite contrastar el número oficial de pacientes indígenas fallecidos por COVID-19 respecto al total de indígenas enfermos, una proporción conocida como letalidad, y compararla con la letalidad entre no indígenas.

De las personas registradas como indígenas o hablantes de lenguas indígenas contagiadas, 15% murió desde comienzos de la pandemia, frente a 10% de no indígenas, de acuerdo con un análisis de los datos abiertos de la Secretaría de Salud realizado para la investigación.

 Es decir, la letalidad de COVID-19 para indígenas es 50% mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional.

El hecho de que los indígenas tienen una letalidad mayor según los datos oficiales no fue mencionado en alguna de las conferencias diarias que se ofrecen sobre coronavirus, de acuerdo con su registro estenográfico.