El vacío legal y la ambigüedad para regular la maternidad subrogada no sólo ponen la vida de las personas gestantes en riesgo y priva a las dos partes de certeza jurídica, sino que tampoco evita la clandestinidad de una práctica que ya existe, advierte el artículo “Debates jurídicos y legislativos sobre la gestación subrogada en México”.

En el que además, se evidencia cómo en Coahuila existe una contradicción entre el artículo 491 del Código Civil que decreta la inexistencia del contrato de maternidad subrogada, mientras que en el artículo 482 del mismo ordenamiento permite el uso de “toda técnica que favorezca la procreación fuera del proceso natural”.

Pues este otro artículo, “hace procedente recurrir a la gestación subrogada”, siendo una antinomia de la legislación, asegura la autora del texto, Lorena Vázquez Correa, en su publicación del análisis legislativo publicado en el Cuaderno de investigación No. 76 del Instituto Belisario Domínguez.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), citó la autora, es necesario diseñar una política nacional en materia de salubridad - no en los códigos civiles o familiares - aplicable a todo el territorio para la gestación para otros, y que esta resulte acorde a los derechos de las personas involucradas.

“Pues, actualmente ninguna legislación vigente garantiza la protección plena de las mujeres gestantes, quienes son vulnerables a expresiones de violencia obstétrica, falta de claridad e información completa del contrato para efectos de probar la relación laboral y las obligaciones de las partes, riesgos a la vida y la salud, falta de atención médica de calidad, persecución y criminalización”, expresó en sus conclusiones Vázquez Correa.

Cabe destacar que actualmente sólo los estados de Sinaloa y Tabasco permiten la maternidad subrogada, en tanto que en entidades como Querétaro y San Luis Potosí está expresamente prohibida, documenta el artículo, mientras que la Ciudad de México todavía sigue el debate sobre si debe aprobarse o no la legislación en ese sentido.

Pero la autora consideró que tras la resolución de junio de 2021 de la SCJN sobre el Código Civil de Tabasco, donde se declaró inconstitucional que las madres gestantes que colaboran en este procedimiento tengan que obtener el permiso de sus cónyuges, se invalidaron las porciones del Código Civil estatal que discriminaba a las parejas homoparentales y a los extranjeros para poder acceder esta técnica de reproducción asistida.

“Las autoridades legislativas locales y federales deberán emitir una regulación sobre la gestación para otros y considerar no criminalizar a las partes de acuerdos consentidos; no discriminar el acceso a la práctica por criterios arbitrarios como nacionalidad, edad, orientación sexual y estado civil.

Garantizar servicios de salud de calidad y confidenciales, así como representación jurídica independiente para cada una de las partes involucradas; establecer que los padres intencionales se hagan cargo de todos los gastos médicos y otros relacionados con el embarazo, parto y posparto, con independencia de si se logra o no el nacimiento.

Asegurar que un notario(a) o juez competente participe en la revisión de los términos del contrato y, lo más importante, garantizar el consentimiento informado de las partes”, cita la autora al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

LEGISLACIÓN EN COAHUILA, EN SALA DE ESPERA

Pese a que el pasado noviembre del 2020, la ex diputada perredista, Claudia Ramírez Pineda, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley para la Familia del Estado de Coahuila, con el propósito de regular la maternidad subrogada como un método de reproducción asistida para las personas que por alguna razón no puedan procrear, ésta permanece en sala de espera.

Dicha iniciativa exponía ante la Sexagésima Primera Legislatura rescatar los artículos que se eliminaron de la propuesta original en la Ley para la Familia hecha en 2015 por el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez.

Sin embargo, ni siquiera fue analizada por los diputados que integraron la legislatura, ignorando “los grandes beneficios que esta figura puede traer para las familias coahuilenses que por algún motivo no pueden concebir”, que exhortó la ex diputada desde la tribuna.

“Respecto a la oferta de vientres en Saltillo y Ramos Arizpe, primero debemos aclarar que esto no está permitido en Coahuila, por lo que si existiera un contrato no tendría certeza ni validez jurídica, asumo que se trata de personas en la entidad que acuden a estados donde está regulado como en el caos de Tabasco Y Sinaloa”, expresó la ex legisladora local.

Pero el hecho de que no esté legalizada, admitió, no significa que no se practique, por eso presenté esta iniciativa en noviembre del año pasado, don la finalidad de que esta práctica tuviera un sustento legal y no se realizara de forma arbitraria.

En ella se planteaba, recordó, la certeza jurídica de ambas partes, tanto de la madre gestante como a los contrastantes, contemplaba la subrogación parcial, onerosa y altruista, así como una serie de responsabilidades y obligaciones civiles para ambas partes.

Sin embargo, el hecho de que esté en la ley, destacó, no significa que sea obligatorio, pues se trata de una mujer, y depende únicamente de su decisión, reiteró.