Por Ernesto Aroche Aguilar (@earoche) para Animal Político

La batalla por contar con gobiernos estatales abiertos, que promuevan la transparencia y la participación ciudadana, ha tenido avances en 25 estados del país -con diferentes niveles-, mientras que en otros siete estados las autoridades no se han comprometido con la rendición de cuentas.

Desde 2015, los gobiernos de Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Puebla y Yucatán no han firmado la declaratoria para establecer un gobierno abierto.

Los cuatro puntos que se plantean a nivel internacional, para la transparencia y la rendición de cuentas, son: Mejora de los servicios públicos, aumento en la integridad pública, manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia, y aumento de la rendición de cuentas, incluidas las empresas.

Si bien en 25 estados sí se ha firmado la declaratoria, el resultado no ha sido parejo.

Hay casos donde se están consolidando esfuerzos de la sociedad civil en conjunto con sus gobiernos, como ha sucedido en Sonora, Oaxaca y de manera reciente en Quintana Roo, el último estado en firmar la declaratoria, lo que significa el inicio de los trabajos rumbo a la instalación del Secretariado Técnico Local.

En otros, se han estancado los resultados, como en Veracruz. En este estado la firma de la declaración se dio desde 2015, cuando aún estaba al frente del gobierno Javier Duarte.

Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación, A. C., y  copresidente de la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel federal, dijo que la firma en esa entidad fue en un contexto difícil, y que después, el proceso electoral y otras complejidades han truncado el proceso hacia la transparencia.

“El gobierno que está ahorita, (de Miguel Ángel Yunes) no lo ha sabido retomar”, apuntó.

Información del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) confirma la disparidad de los resultados en los 25 estados que han firmado la declaratoria.

Por ejemplo, Baja California firmó la declaratoria desde abril de 2015, y ha mantenido más de 20 reuniones de trabajo, aunque aún no han concluido su plan de acción; Hidalgo también firmó en 2015, y no reporta una sola reunión de trabajo.

González Arreola explicó que, en este momento, la apuesta de las organizaciones de la sociedad civil que participan en la alianza por el gobierno abierto es consolidar el trabajo en los estados, pues en el “contexto nacional está complicado”.

Este año, diez organizaciones sociales dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), denunciando que la administración de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el  caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México.

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“Queremos evitar que el conflicto nacional limite a gobiernos y entidades en donde hay condiciones para ello, es decir, que hay voluntad del ejecutivo, donde hay sociedad civil organizada vibrante y medios de comunicación independientes, y donde los órganos garantes razonablemente funcionan”, comentó González Arreola.

Y agregó: “El gobierno abierto es el reconocimiento gubernamental de que se requiere de los ciudadanos, de otros liderazgos y otras capacidades que no están en el gobierno para avanzar. Si no es así, no hay manera. Sin voluntad política no hay avance”.

González Arreola también señaló que el proceso electoral que ya está en marcha puede detener, momentáneamente, el avance al interior del país, pero que al ser iniciativa de la sociedad civil, el tema puede ser retomado, una vez que concluyan los procesos electorales y las nuevas autoridades tomen posesión.

Los pendientes

El informe Métrica de Gobierno Abierto, que hizo público el INAI en febrero de este año, reveló que a pesar de que las autoridades en sus diferentes niveles han institucionalizado ya la transparencia como un ejercicio de gobierno, la participación ciudadana todavía no logra colarse a las administraciones.

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Y que los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones “son mínimos, dispersos y poco eficaces”.

No sólo eso. Reveló que a pesar de la institucionalización, todavía hay muchas prácticas de opacidad que obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y que son los municipios los gobiernos menos opacos, y tienen mejores mecanismos de participación que los estados.

Aunque la mayoría de los sujetos obligados cuenta con portales de internet, señaló el INAI, éstos no cubren aún las obligaciones de transparencia legales, ni contienen información orientada al ciudadano.

En el informe se hace hincapié en que, para pensar en gobierno abierto, se “requiere que la información sobre sus acciones sea transparente y útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación creados por el gobierno para incluir la opinión de los ciudadanos sobre los asuntos públicos realmente permitan que esto ocurra”.