La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sugirió ayer que, si se quiere “juzgar” su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones, y rechazó la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta.

“Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Sólo quien tiene la legitimidad del voto puede juzgar”, dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins.

Ésa es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un mandatario.

Rousseff reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un “golpe” de Estado, porque “no tiene base legal” y porque ella “ni siquiera” participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.

La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños.

Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para “acabar” o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.

Aseguró que el eventual gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer, que sustituiría a Rousseff si es apartada del cargo, quitaría a 36 millones de personas del Bolsa Familia, principal programa de subsidios a los pobres, de los 46 millones que actualmente lo reciben.

“El gasto del Bolsa Familia es menor al 1% del PIB. Quieren hacer ahorro con el dinero de los más pobres”, acusó.

Si los senadores aprueban el inicio del juicio político, Rousseff se verá obligada a apartarse del cargo hasta que se culmine el proceso, que puede alargarse por 180 días.

Denuncian a exministros

La Procuradoría General de Brasil denunció ante el Tribunal Supremo a dos importantes exministros del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, por su supuesta implicación en el caso de corrupción de Petrobras, informaron fuentes oficiales.

En la nueva denuncia fueron acusados la actual senadora Gleisi Hoffmann, exministra de Presidencia, y su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de Comunicaciones y de Planificación, ambos correligionarios de la jefa de Estado en el Partido de los Trabajadores.

Hoffmann es considerada una de las dirigentes más importantes del PT y además defensora de Rousseff.

INTENSIFICA SUS ATAQUES CONTRA TEMER
La jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff, intensificó ayer sus ataques contra Michel Temer en vísperas de la crucial votación en el Senado que puede apartarla del cargo y llevar a su vicepresidente al palacio de Planalto.

Rousseff advirtió que el eventual gobierno de Temer tratará de esconder sus intenciones usando terminología como “reducir”, “reestudiar” o “centrar” los programas sociales, cuando en realidad, según ella, pretende “romperlos”, algo que niega el propio vicepresidente, que está enfrascado en la tarea de preparar su eventual gabinete.

Según la mandataria, sus opositores nunca ganarían las elecciones con un programa que previera los recortes sociales que impulsó su gobierno y el de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con diversos recuentos realizados por los principales diarios brasileños, cerca de 50 senadores ya han manifestado su intención de votar en favor de la destitución de Rousseff.

El objetivo de la oposición, según fuentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), es lograr esta semana el voto favorable de por lo menos 54 senadores.

Esa cifra supondría dos tercios de la Cámara alta y es precisamente el umbral mínimo que sería necesario para sentenciar la destitución de Rousseff en la votación definitiva.

Temer mantuvo ayer reuniones en Sao Paulo con asesores, en plenas labores de preparar el gabinete con el que sustituiría a Rousseff.

Ayer, el senador Blairo Maggi, considerado como uno de los mayores productores de soya del mundo, anunció que recibió la invitación para ser ministro de Agricultura en el eventual gobierno de Temer.

El viernes, el comité del Senado de 21 miembros votó por abrumadora mayoría en favor de iniciar un juicio político contra Rousseff.

Los 81 senadores votarán el próximo miércoles, y la sesión incluso podría prolongarse hasta el jueves.

La mandataria quedaría permanentemente alejada del puesto si dos terceras partes de los senadores la hallan culpable luego en un juicio definitivo.

Antonio Anastasia, del partido opositor PSDB, emitió la recomendación para el juicio político, y afirmó que hay razones para creer que Rousseff violó leyes fiscales, un delito por el cual se puede enjuiciar a un mandatario.

“Soy la Presidenta electa, no cometí ningún crimen y si renuncio entierro viva la prueba de un golpe, sin base legal, que tiene como interés enterrar las conquistas de los últimos trece años”, afirmó.

DIPUTADO PRESENTA RECURSO EN TRIBUNAL
Un diputado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) brasileño presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar bloquear el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que será votado el miércoles en el Senado.

El diputado Paulo Teixeira pidió al STF que anule la votación del 17 de abril, la que considera “nula” porque los líderes de los partidos ejercieron presión sobre sus diputados, informaron ayer los medios locales.

Aquel día, una aplastante mayoría de diputados (367 contra 146) aprobó en una sesión plenaria el procedimiento de destitución contra la Presidenta de izquierda, acusada por la oposición de maquillar las cuentas públicas en 2014, año de su reelección.

Teixeira se basa en el hecho de que el muy controvertido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha —estratega de la destitución y quien dirigió la sesión de votación el 17 de abril— fue suspendido el jueves por la justicia por obstaculizar las investigaciones sobre corrupción en el escándalo del caso Petrobras, en el que está involucrado.

Teixeira alega que los dirigentes de los grupos parlamentarios, bajo la batuta de Cunha, “violaron claramente el derecho al libre arbitrio” de los diputados, lo que está prohibido por la ley que rige el impeachment o juicio político.

Afirma que numerosos diputados votaron por temor a represalias, como la posibilidad de ser expulsados de su partido en caso de desobediencia. Algunos prefirieron abstenerse, lamentó.