CDMX.- La iniciativa de Ley para eliminar el outsourcing (subcontratación) adiciona una rigidez excesiva a la contratación en México y añade pagos exorbitantes de reparto de utilidades que comprometen seriamente los planes de inversión y reinversión de las empresas establecidas en México, aseguró Claudia Jañez, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Empresas como Axa, AT&T, Basf, Bayer, Bosch, BP., Cargill, Caterpillar, DHL, Dupont, Daimler, Exxon Mobil, Fedex, GM, GE, Grupo Modelo, entre otras, y que producen el 10% del PIB nacional, ven con preocupación que las cargas impositivas para las empresas establecidas en nuestro país, que incluyen el IVA, el ISR, el impuesto de nómina, IMSS e Infonavit, así como el 8% adicional como contribución obligatoria patronal a los trabajadores, que se empezará a pagar en 2023, ya implican un importante reto.

Sin embargo, está aún en mayor riesgo de sobrecargarse con los diversos factores que adiciona la iniciativa mencionada, explicó Jañez, durante el Foro en donde se analizaron las propuestas de los sectores privado, social y académico con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Las empresas globales establecidas en México generan 500 mil empleos directos y 1.5 millones de indirectos; esta nueva normatividad pone en riesgo las inversiones, ya que existen factores inhibidores, “como no poder subcontratar servicios especializados compartidos en el mismo grupo económico, lo que implica no acreditar IVA y solicitar la devolución el impuesto sobre la renta (ISR) y cambiar las estructuras corporativas internas que nos han llevado décadas construir, más un esquema generalizado de reparto de utilidades”, explicó la ejecutiva.

Todo lo anterior, “nos (deja) un pequeño margen para la reinversión en México, lo que significará un freno al crecimiento de las operaciones de las empresas que operamos en este país y por tanto nuestra capacidad de mantener nuestros empleos, hoy de por sí ya comprometidos por la contracción económica”.