Las normas jurídicas tienen un propósito concreto: establecer el piso mínimo  para la convivencia social; es decir, determinar los límites a los cuales todos debemos sujetarnos para garantizar que todos puedan efectivamente ejercer sus derechos.

Pero sólo si tal presupuesto se cumple podemos decir que la ley logra su objeto. En caso contrario estamos únicamente ante la ilusión del orden jurídico y, por ende, ante la ilusión de que existen garantías para proteger y garantizar nuestros derechos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al incumplimiento -más o menos generalizado- que se hace de las normas que prohíben el consumo de productos de tabaco en ciertas áreas.

De acuerdo con los datos recogidos durante visitas realizadas a lugares teóricamente declarados como “libres de humo”, la norma es violada de forma impune en muchos de estos sitios. Las reglas expedidas por el Poder Legislativo -tanto el Federal como el Local- literalmente “se vuelven humo” en muchos de estos lugares.

Vale la pena recordar las razones detrás de la expedición de la norma, pues no faltará quien diga que se trata sólo de “una moda” o de una excentricidad de los no fumadores: el humo del tabaco representa uno de los agentes responsables de numerosos casos de cáncer y afecta por igual a quienes fuman de forma activa, como a quienes lo hacen de manera pasiva.

El tabaquismo, para decirlo con mayor claridad, constituye un problema de salud pública y por ello se han expedido normas exclusivamente destinadas a combatir dicho hábito.

Igual que ocurre con otras adicciones; sin embargo, quienes voluntariamente deciden fumar no pueden ser obligados -ni por las autoridades, ni por los ciudadanos- a dejar de consumir tabaco. A lo que sí puede obligárseles, no obstante, es a respetar el derecho de los demás a respirar un aire libre del humo que genera la combustión de cigarrillos.

Y en este proceso, autoridades y ciudadanos debemos hacer sinergia para garantizar que la ley se cumpla, porque no se trata solamente de volver efectiva una norma jurídica, sino de proteger la salud de la mayor parte de la población, constituida por las personas que no fuman.

Si un sitio ha sido, a partir de la existencia de una norma, declarado “libre de humo” lo deseable es que tal declaración se traduzca en una realidad tangible: que nadie fume en dichos lugares y que quien transgreda la regla sea objeto del castigo que la misma establece.

Permitir que la norma se siga violando impunemente no solamente implica, para el caso específico, violar los derechos de quienes no fuman, sino que es una invitación a que se violen otras reglas. Y por esa ruta, el único destino posible es el regreso a la barbarie.