Ayer se dio el primer paso para que en México se despenalice la mariguana con fines médicos, por ahora.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de medidas, resultado de los debates convocados. Ayer mandó al Senado reformas a la Ley General de Salud Pública y al Código Penal Federal. Se plantea que por fin se podrá tener acceso a medicamentos producidos con mariguana, como el Cannabidiol. Es más, podrían importarse o bien producirse (e incluso sembrar y cosechar para este fin) en el País. Se permitiría la investigación.

Ahora se atenderá el problema desde un punto de vista de salud pública, derechos humanos y no de seguridad. Eso sí, la estrategia en materia de seguridad sigue.

Adiós a la criminalización del consumo, se buscarán métodos de prevención. Con la reforma al Código penal se permitiría la posesión de hasta 28 gramos de yerba, como se hace en otros países. Ojo, ayer el Presidente declaró que esta reforma permitiría que mucha gente que hoy está enfrentando procesos por haber tenido una cantidad menor a la que se está proponiendo, eventualmente sea liberada.

Este cambio no se hubiera dado sin la lucha que Raúl Elizalde, Mayela Benavides y más padres de familia emprendieron para lograr que sus hijos, la mayoría con epilepsia, tuvieran acceso a medicamentos elaborados a base de mariguana.

Algo debe tener el Senado, o algunos de sus integrantes, para trabar las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ayer por la mañana se realizó una mesa de discusión, la cual se fue a receso por temas en el pleno. Se reactivaría por la tarde, pero algunos senadores (básicamente del PRI y Verde) mandaron una carta en la que manifiestan que, porque tienen mucho trabajo, prefieren que la discusión sea... por escrito. ¿Y el Parlamento Abierto? Parece que le tienen miedo al sound byte.

Cómo estará el compromiso del PRI-PV que propusieron presentar un Problemario sobre los proyectos a discusión. Hasta Juan Pardinas daba respuesta diciendo que entonces sería necesario elaborar la contraparte: un Solucionario.

Lo poco que se avanzó por la mañana radicó en la integración del Comité de Participación Ciudadana, la información que se contendría en las declaraciones públicas patrimoniales y fiscales de los servidores públicos. A este paso, la apuesta es seguir discutiéndolo y el lunes tener un documento listo para dictaminar.

Lo que fue una gran oportunidad para que México, como Estado, mostrara al mundo su voluntad sobre la colaboración internacional en materia de respeto a los derechos humanos, y en llegar a la verdad sobre un caso emblemático, Ayotzinapa, está por verse.

El próximo domingo 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentará su informe final sobre su labor en México en torno a los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014. Su periodo termina el día 30 pero no habrá prórroga. Al contrario, pareciera que al Gobierno Federal le urge que abandonen el País.

Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscará un mecanismo de seguimiento en torno a la investigación y las recomendaciones que el GIEI hará sobre este caso. Será interesante ver cómo lo hacen; después de todo, hay medidas cautelares dictadas.

¿Qué presentarán Angela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain, Francisco Cox y Alejandro Valencia el domingo a las 10 de la mañana en el Claustro de Sor Juana?

Al interior del Gobierno existe el temor de que el GIEI declarará al Estado mexicano culpable de la desaparición de los jóvenes y que pedirán que se les indemnice en millones de dólares, de acuerdo a obligaciones que México ha contraído al firmar convenios en materia de derechos humanos. Al menos así me lo dijo un alto funcionario el otro día. No sé qué vaya a decir el GIEI, pero esto no es exacto. Me gustaría explicarlo, si bien con pinceladas.

El GIEI es una instancia de apoyo, no va a dictar una sentencia. Va a hacer recomendaciones y presentar sus conclusiones. El GIEI fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no puede dictar una sentencia: esa es la Corte Interamericana (CoIDH). Falta todo un proceso para ello. ¿Pinta que va para allá? Sí, sin duda, pero eso podría tardar muchos años (décadas, a veces).
 
Ahora, desglosemos la preocupación del Gobierno:
Que el Estado sea declarado culpable: El Estado sí es culpable. No el Gobierno Federal y no EPN; no hay que confundir. Pero si participaron policías municipales y si participaron otras fuerzas federales (como lo dice la CNDH) éstos son parte del Estado. El Estado sí sería culpable: eso es “desaparición forzada”.

Que se dicten indemnizaciones millonarias. ¿A cuánto han ascendido otras? Veamos el caso Rosendo Radilla, que desapareció el 25 de agosto de 1974 y la denuncia contra el Estado se presentó el 15 de noviembre de 2001.

En la sentencia, la CoIDH obligó al Estado a pagar 12 mil dólares por los ingresos no recibidos por Rosendo Radilla; mil 300 dólares por concepto de atención médica y psiquiátrica a víctimas de este caso; 80 mil dólares a favor de Ronsendo Radilla por concepto de daño inmaterial; y para Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez, 40 mil dólares a cada uno por daño inmaterial. Para la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, así como para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 25 mil dólares. Total: 238 mil dólares que sí depositó el Estado.

Pero el dinero no es todo. Hubo otras medidas quizá igual de importantes: la reparación integral del daño. No es sólo dinero. Es ofrecer disculpas, tomar medidas para la no repetición, legislar…
 
Le pongo algunos otros casos:

1) El 22 de septiembre de 2009, la CoIDH emitió la sentencia Caso Anzualdo Castro vs. Perú. En dicha sentencia se estipuló que el Estado tenía que pagar 15 mil dólares por concepto de gastos generados por la familia, desde la desaparición; otros 140 mil dólares por la pérdida de ingresos a raíz de su desaparición; 80 mil dólares a favor de Kenneth Ney Anzualdo Castro, como compensación por daño inmaterial; 50 mil dólares para cada uno de sus 3 familiares cercanos y 20 mil más para otro, por daño inmaterial; más 14 mil dólares para dos asociaciones que participaron en este proceso. En total, 419 mil dólares.

2) El 26 de agosto de 2011 en el caso de “Casto Torres Millacura y otros vs Argentina”.

La CoIDH ordenó al Estado argentino pagar 40 mil dólares a su familia por concepto de ingresos no obtenidos; 10 mil dólares a favor de su madre, por daño material; 5 mil dólares para su hermana Fabiola y 2 mil dólares para su hermano Marcos Alejandro, por daño material; 50 mil dólares a favor de Iván, como compensación por daño inmaterial. 

Por eso mismo concepto, 35 mil dólares a su madre; 10 mil dólares a su hermana Fabiola y 5 mil para su hermano Marcos Alejandro por afectaciones a su integridad personal. Otros 15 mil dólares por gastos; otros 10 mil 43 dólares que fueron reintegrados al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En total, cerca de 142 mil 43 dólares.

3) Está el Caso González Medina y Familiares vs República Dominicana. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado una indemnización de 50 mil dólares por concepto de ingresos que dejó de percibir; 20 mil dólares por daño emergente a favor de su esposa Luz Altagracia Ramírez, lo cual se repartiría entre sus 4 hijos por gastos generados; 80 mil dólares a favor de Narciso González Medina por daño material; 50 mil dólares a favor de su esposa por daño material; y 40 mil dólares para cada uno de sus 4 hijos. Por costes y gastos, su esposa recibió 3 mil 200 dólares, 15 mil dólares para la Comisión de la Verdad, y otros 15 mil dólares para el Centro por la Justicia y Desarrollo Internacional.

Además ordenó la integración de 2 mil 219 dólares al Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En total, 395 mil 419 dólares.

Por cierto, para abonar al pesimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya presentó su informe sobre su labor en torno a las investigaciones sobre los restos óseos localizados en las inmediaciones del basurero de Cocula y el Río San Juan.

Son contundentes: no se encontraron evidencias en materia de fuego para considerar que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en esa zona. Determinaron que las autoridades no protegieron debidamente esa zona y las evidencias fueron alteradas.

Será que estas cosas sólo suceden en México, pero quién sabe cómo fue que 41 casquillos resultaron amontonados en un sólo lugar, y peor aún: resultó que no son de las armas con las que presuntamente utilizaron los inculpados.

Sólo dos mexicanos figuran en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Time. Se trata de Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal. Entre los líderes están Barack Obama, Angela Merkel, Marucio Macri, Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders, François Hollande, Justin Trudeau, John Kerry, entre otros.

Entre los líderes ya no figuraron ni el presidente Enrique Peña Nieto, quien apareció en el 2013, ni Dilma Rousseff, presidenta brasileña.
 
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