Ante la intención de privatizar los servicios de agua potable con la elaboración de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, diversas organizaciones advierten que en el último periodo de sesiones podría aprobarse la iniciativa, tres años después de que se canceló la llamada ley Korenfeld. Por conducto de cartas que envían a los legisladores hacen el llamado a garantizar el derecho humano al líquido.

La coordinadora Agua Para Todos, Agua Para la Vida, señaló que la tendencia privatizadora comenzó en 2015 con el proyecto de la Ley General de Aguas impulsada por la administración de David Korenfeld al frente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la ley hídrica en Ciudad de México, que se suman a las concesiones del manejo del servicio al sector privado en varias ciudades del país.

Planteó que la iniciativa que actualmente está en la Cámara de Diputados, promovida por la Comisión de Agua Potable encabezada por Ignacio Pichardo Lechuga, asume al líquido como una mercancía, no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y el control del recurso quedaría en las corporaciones. Aunque el legislador ha rechazado que hasta ahora haya alguna iniciativa en puerta.

En un análisis comparativo de un proyecto de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados, indica que se propone una toma de decisiones autoritaria, sin planeación consensada y la política contra los desastres es la compra de seguros, además de que la defensa del líquido se criminaliza. Consideran que se permite la especulación del líquido, la sobreexplotación, su uso para la minería, el fracking y que producen contaminación.

Aunque la Ley General de Aguas tiene como fin reglamentar el cambio constitucional de febrero de 2012, que establece su derecho humano, su establecimiento para remplazar a la actual legislación ha sido utilizado por el gobierno federal y legisladores para impulsar las concesiones, señala la coordinadora.

Explica que en Aguascalientes, Saltillo, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Ciudad de México (en la facturación) las consecuencias de la privatización han sido alza en las tarifas, prioridad de los usuarios que implican más ingresos a menor costo, se dejan zonas marginales sin acceso, mala calidad del agua, políticas agresivas de cortes especialmente en zonas populares, recortes laborales, reducciones salariales y la sobrexplotación de los recursos naturales.

Recuerda que desde la década de los 90 los gobiernos han utilizado los problemas con el manejo del agua como justificación para dar entrada a corporaciones trasnacionales. Estas empresas han gozado del control monopólico sobre los servicios bajo la supuesta regulación por parte de administraciones que no tuvieron la voluntad política de garantizar calidad cuando los servicios estaban en sus manos. Las corporaciones cuentan además con la protección de tribunales internacionales por sus utilidades futuras esperadas.