En una carta dirigida al gremio de los abogados, retomada aquí el jueves, Javier Quijano Baz esgrimió contra uno de los argumentos de Edgar Elías Azar para “reelegirse ilegalmente” por segunda ocasión en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del DF: no irse, porque quedan trabajos no concluidos. De esa manera, enfatizó Quijano Baz, nadie se iría, pues siempre habrá algo que no se terminó: “Así se podría justificar la reelección de quien fuere, en el cargo que sea”.

Un argumento equivalente se está manejando para posponer la fecha establecida en la Constitución para concluir el apagón analógico (31 de diciembre) y entrar a la era de la televisión digital.
La barroca, defensiva política mexicana convirtió un asunto tecnológico en mandato constitucional, ni hablar. Y es cierto que el proceso de reconversión ha estado marcado por interrupciones, especialmente relacionadas con elecciones locales y federales. Es comprensible entonces que, como lo calculó el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, entre 7 y 8 millones de mexicanos de escasos recursos se queden sin ver la televisión a partir del 1 de enero. De ahí la conveniencia de encontrar una fórmula que mitigue esa situación.

Azcárraga es un empresario. Son plausibles su preocupación y su afirmación de que Televisa, amén de estar preparada para el cambio digital, hará lo que determinen las autoridades. Otra cosa es la ambigüedad, por decirlo suavemente, de las autoridades, en especial la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué su responsabilidad primaria no es cumplir la ley? Si lo es, ¿por qué no lo expresan con rotundidad? ¿Será porque piensan que el 1 de enero sobrevendrá el caos?

Muy cuestionable, asimismo, es el discurso de los legisladores que alegremente hablan ahora de posponer hasta por 365 días. ¿Hablan por los 7.8 millones de desamparados? ¿Por qué no lo hacen a favor de 100 millones de beneficiados con el desarrollo digital? ¿A cuánto debe reducirse la cifra de 7.8 millones, para que el apagón deje de ser socialmente lesivo? ¿A cinco, dos millones, cuántos? ¿Por qué no son congruentes al 100 y fijan el apagón el día que no haya un mexicano al margen del cambio tecnológico, aunque tome un par de generaciones, total?
Posponer el apagón será exhibir de nuevo la ineptitud de un sistema y una clase política que ni siquiera pueden concluir en plazo un proceso sencillo para un Estado que se presume organizado y funcional.

Posponer el apagón será un banquete populista, paternalista. Que nadie deje a los pobres sin telenovelas, talk shows y futbol.

Y será un ejemplo más de cómo la ley, trátese de la reelección de un presidente de Tribunal o los negocios de telecomunicaciones, le importa un bledo a los políticos. Si la Constitución marca el 31 de diciembre, ¡que se joda la Constitución! Porque ¡primero los pobres, faltaba más!

Qué pobreza, qué ineptitud, qué vergüenza.  

MENOS DE 140

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