Ciudad de México.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por considerar que ambas autoridades violaron las garantías de indígenas tarahumaras al rescatarlos de explotación laboral en 2015.

En marzo de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que alrededor de 200 jornaleros tarahumaras, incluidos niños, fueron rescatados del Corporativo El Cerezo, en el municipio de Comondú, donde eran explotados laboralmente.

En esa ocasión, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, detalló que a partir de una denuncia inspectores acudieron al predio donde encontraron a los indígenas hacinados en pequeñas chozas, en condiciones insalubres y de miseria salarial.

El Cerezo se ubica en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se encuentra la ex hacienda de San Cristóbal, un hotel boutique, un restaurante y la procesadora de alimentos “El Cerrito”, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox Quesada.

Tras su investigación, la CNDH identificó que dos jóvenes tarahumaras escaparon de las chozas, por considerar que podrían ser agredidos por sus contratistas, por lo que pidieron ayuda a autoridades de Baja California Sur, de lo cual la Secretaría del Trabajo tuvo conocimiento.

En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos aseguró que cuenta con elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia, al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, como aspectos inherentes a la dignidad humana, en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas de delito y al derecho al trabajo como base para garantizar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, en agravio de este grupo de jornaleros agrícolas indígenas Rarámuris.

“Las acciones y omisiones son atribuibles a servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y en el estado de Baja California Sur a la Procuraduría General de Justicia local, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría General de Gobierno, entre otras”, expuso la CNDH.

EL DRAMA DE LOS JORNALEROS

Los días 12, 13 y 17 de marzo de 2015 se publicaron diversas notas periodísticas que dieron cuenta de las condiciones en que vivían y laboraban en los campos agrícolas los jornaleros indígenas tarahumaras en el municipio de Comondú quienes fueron retirados de Baja California Sur, sin base legal que soportara las acciones de las autoridades intervinientes, a pesar de que había investigaciones ministeriales del fuero común en trámite, que algunos de ellos podrían haber sido víctimas de algún delito y se encontraban menores de edad entre ellos.

Por este motivo, personal de la CNDH acudió a esa entidad, donde identificó el caso de dos jóvenes jornaleros indígenas Rarámuris, quienes huyeron del lugar donde pernoctaban con otros 70 jornaleros, pues se consideraron en riesgo de sufrir agresiones de su contratista, por lo que solicitaron apoyo a distintas autoridades de Baja California Sur.

Además, indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California Sur omitió realizar acciones para velar por el respeto de los derechos laborales en agravio de los jornaleros agrícolas.

En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia local, destacó que omitió dictar medidas de protección y seguridad inmediata, e incluso en favor de niñas, niños y adolescentes por este caso, en tanto que las otras autoridades del Gobierno del estado omitieron generar acciones para proteger y vigilar el trabajo de las personas menores de edad y el cumplimiento de las restricciones respectivas, así como proporcionar efectiva protección en materia de contratación y condiciones de empleo.

Derivado de estas observaciones, la CNDH solicitó al Gobernador de Baja California Sur y al Secretario del Trabajo y Previsión Social que, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaboren con la Comisión Nacional en las denuncias y quejas que promoverá ante los correspondientes Órganos Internos de Control y la Procuraduría estatal, y se generen protocolos de actuación para los servidores públicos de cada instancia.

A la STPS, le pidió intensificar las acciones de verificación e inspección en los centros laborales que realizan contrataciones de jornaleros agrícolas, para prevenir y detectar conductas que pudieran incidir en el delito de trata de personas.