Servidores publicos de la Conade graban competencias en Río 2016 y pierden sus acreditaciones

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Servidores publicos de la Conade graban competencias en Río 2016 y pierden sus acreditaciones

Tomada de internet
Carlos Slim podría demandar a la Conade por transmitir imágenes sin autorización


Empleados de la Conade desobedecieron a Claro Sports y sus acreditaciones fueron retiradas de los Juegos Olímpicos.

Ellos grabaron y transmitieron imágenes de las competencias, lo cuál está prohibido por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Emiliano Montiel, asesor de Alfredo Castillo;  Christian Villagómez y Matías Santiago Martínez, camarógrafos. Meredith Reyes Palomino, directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade); el subdirector de Cultura Física, Gustavo Montiel Mondragón; Alfredo Peral, asistente de Castillo; Ismael Chumacero, fotógrafo personal del director de Conade y Paulina Lelo de la Rea, subdirectora de información, fueron los empleados que les fueron retiradas sus acreditaciones.

Las acreditaciones que utilizaron eran de Claro Sports, el canal que posee los derechos de transmisión de los Olímpicos de Río 2016. Ellos las solicitaron para viajar a la justa olímpica y no pagar entradas.

Mientras ellos disfrutaban los eventos en Río 2016, el personal de comunicación social no tenían acreditaciones y recibieron la instrucción de comprar boletos, que nos costaron a nosotros, para entrar a als competencias.

Claro Sports facilitó las acreditaciones a los servidores públicos pero, al descubrir que violaron la exclusividad de transmisión de imágenes en internet y redes sociales, les exigieron que las devolvieran.

Las imágenes que grabaron los servidores públicos fueron utilizados por algunos medios como Grupo Expansión.

Con las acreditaciones se les permitía acceder a las instalaciones de los dos centros de prensa (IBC y MPC) y a las gradas, no así a la zona mixta donde se puede entrevistar a los atletas después de que compiten.

Claro Sports y América Móvil podrían demandar a Conade por la violar las políticas de derechos de transmisión mientras que los servidores públicos se mantienen en Río de Janeiro.

Con información de Proceso