Ciudad de México. Los Servidores de la Nación (SDN), encargados de ayudar a la población más vulnerable a acceder a programas para superar sus condiciones de pobreza, se enfrentan ellos mismos a un escenario de precariedad y “explotación” en sus puestos de trabajo.

A decir de empleados que fueron cesados recientemente, la norma entre las más de 22 mil personas que laboran en estos equipos es tener contratos eventuales de tres meses que les impiden generar antigüedad, además de laborar siete días a la semana, con jornadas que pueden superar las 12 horas, por un sueldo mensual que no rebasa los 10 mil pesos.

Luego de que el pasado viernes un grupo de dichos trabajadores realizara una manifestación en el Zócalo capitalino y Palacio Nacional para denunciar los abusos de los que afirman ser víctimas, nuevas voces se acercaron a este diario para reiterar la existencia de despidos injustificados y presuntos actos de corrupción en diversas delegaciones estatales.

“El cansancio me agotó”

Lily Trejo, ex trabajadora de los SDN, señaló en entrevista con La Jornada que ella y su hijo Giovanni Ulises Ríos sufrieron diversos actos de violencia y hostigamiento laboral por parte de la responsable regional en Iztacalco de dicho esquema de la Secretaría de Bienestar, Zaira Ulloa Cabrera, quien los cesó a ambos sin exponer ningún argumento para ello.

Hace poco menos de un mes, señaló, la mencionada funcionaria le indicó que sus servicios ya no serían requeridos, pero sin explicarle la razón de ello y negándose a entregarle por escrito la notificación al respecto.

Trejo afirmó haber sufrido acoso laboral por parte de Ulloa mediante actos como impedirle ir a comer o apresurarla para que lo hiciera en cinco minutos; negarle el derecho a ir al baño; ponerla a cargar objetos pesados; mantenerla en su puesto hasta altas horas de la noche, y darle aún más trabajo para realizar en casa, lo que le produjo daños físicos y sicológicos, como agotamiento y estrés.

“Si no hacíamos lo que nos pedía, nos decía ‘entonces, lárgate’. Tenemos un daño emocional muy fuerte por el maltrato sicológico. A mí el cansancio me agotó tanto que me dolían mucho las piernas, la columna, el estómago. Mi sistema inmunológico bajó mucho y caí en cama, pero de todas maneras me decía ‘no faltes al trabajo, tienes que ir’”, detalló.

De acuerdo con la denunciante, otros funcionarios involucrados en actos de violencia laboral son Sergio Gil Zitlalapa Flores, David Damián Arango, Monserrath Ichicagua, Norma Berenice Muñoz Sánchez, Ivonne Rojas Santiago, Laura Yoselin Hernández de la Rosa y Denis Landeros Silva.

En el caso de su hijo Giovanni, el joven se contagió de Covid-19, pero Zaira Ulloa lo obligó a reincorporarse a sus labores luego de apenas dos semanas, sin esperar a que se cumpliera el tiempo necesario de recuperación. “Lo ponían en jornadas larguísimas, su cuerpo no aguantó y recayó. Ella misma (la funcionaria acusada) lo tuvo que llevar una vez al Hospital de Zaragoza”, dijo.

Precariedad laboral

A los SDN, explicó la mujer, se les entregan contratos laborales de sólo tres meses, que firman una vez concluido el trimestre, y no al inicio del mismo, lo que facilita su despido en cualquier momento. En ese marco, no todos tienen la certeza de que esos contratos se les renovarán por un periodo más.

Sumado a ello, se les obliga a trabajar de lunes a domingo, en un horario que inicia regularmente a las 5:30 de la mañana y puede extenderse hasta las 7, 8 o incluso 9 de la noche, con un sueldo de 4 mil 800 pesos quincenales. Aunque sí reciben aguinaldo, los empleados no tienen derecho a vacaciones ni reparto de utilidades, aseguró.

Trejo enfatizó que el descontento con lo que ocurre con los SDN no está dirigido hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que el mandatario no tiene conocimiento de los abusos.

“Queremos justicia y no vamos a parar hasta que nuestro Presidente sepa, porque estuvimos con él desde antes de que fuéramos gobierno. Tenemos mucha experiencia en campo, hacemos bien nuestro trabajo y queremos que él sepa lo que está pasando en toda la República. Confío en que va a tomar cartas en el asunto y va a poner todo en orden”.

“Que el Presidente se entere”

Una historia similar es la de Elsy Cadena Balboa, ex colaboradora de los SDN en el municipio de Pichucalco, Chiapas, quien indicó que fue despedida “de forma injustificada” el pasado 14 de abril por negarse a atender la petición de sus coordinadores de inducir el voto a favor de Morena en el marco de las elecciones del pasado 6 de junio.

“Me dijeron ‘apoya a tal candidata de Morena para que llegue a la presidencia municipal’. Era una manera de coaccionar a la gente diciéndole ‘te doy este programa, pero apoya a tal persona’, y me despidieron porque no hice lo que ellos querían”, aseveró.

El de ella no ha sido el único cese en la región de Pichucalco, dice. “Ha habido muchos despidos por cuestiones políticas. Estábamos trabajando normal, sin apoyar a candidatos de ningún partido, porque tenemos claro que no podemos condicionar los apoyos, pero mi delegada regional me notificó que estaba dada de baja, acusándome de hace proselitismo por la coalición Va por México”.

Cadena señaló que aunque las acusaciones para justificar los despidos no tienen bases reales, pocos trabajadores se animan a alzar la voz “porque sabemos que nos enfrentamos a personas con poder, con muchas influencias. Muchos tenemos familia, hijos, y algunos no pueden acudir a las manifestaciones”.

Para justificar su despido, recordó la mujer, los responsables de los SDN le ofrecieron a un ex compañero que testificara en contra de ella, a cambio de un puesto de trabajo, lo que deja ver “la corrupción tremenda que tenemos a nivel de delegados nacionales, estatales y regionales”.

Durante el tiempo que laboró como Servidora de la Nación, indicó Cadena, “trabajé con mucho gusto, pero es muy matado. Hay horas extra que no te pagan, viáticos que no existen. Si el Presidente no está enterado de esto, que es lo más seguro, que se entere y tome cartas en el asunto”.