Por Claudia Altamirano (@claualtamirano) para Animal Político

Los ciudadanos que desde septiembre pasado levantan el Censo de Bienestar del nuevo gobierno han recibido pagos por tres mil 500 pesos, aun cuando fue anunciado como una práctica ciudadana totalmente voluntaria y apartidista.

Así lo confirmó Gabriel García, Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, un nuevo despacho del gobierno federal para la administración de programas sociales, que dependerá directamente de la Presidencia de la República, a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado por Animal Político tras pedir licencia para dejar el cargo como senador de la República, García Hernández dijo que los ‘servidores de la Nación’ (como llamó López Obrador a los encuestadores) hicieron su trabajo por su propia convicción, sin embargo, el Equipo de Transición determinó usar todo el recurso del Fondo para pagarles a ellos y no a los funcionarios.

El censo de programas sociales que levantó el equipo de Transición del presidente López Obrador, fue anunciado hace unos meses como una práctica ciudadana en la que 20 mil voluntarios ajenos al gobierno visitarían cada casa del país contabilizando a los beneficiarios de apoyos sociales, actuales y potenciales. Este ejercicio se anunció como apartidista y voluntario, sin embargo, cada encuestador firmó un contrato en el que se le prometió un pago de tres mil 500 pesos por estos trabajos.

“Se hizo para cada uno un contrato para que el gobierno les dé ese recurso, entiendo que son como 3 mil 500 pesos por persona, pero hasta donde sé, ninguno lo toma como un sueldo, lo toman como un apoyo, sólo que tienen que firmarlo porque se tiene que rendir cuentas. Eso lo tiene que informar Hacienda después en la parte de transición, cuánto se invirtió”, declaró Gabriel García.

Las quejas

Los voluntarios crearon grupos en redes sociales para compartir sus fotografías y experiencias del levantamiento. Unas semanas después, esos espacios se volvieron un foro de quejas y dudas sobre el pago por sus servicios y sobre la posibilidad de que esta labor los hiciera acreedores a un empleo dentro del gobierno, una vez que se entrara en funciones.

Gabriel García cuestionó la veracidad de estas quejas expresadas en redes sociales, pero admitió que en algunos casos los pagos se retrasaron. “Pero yo no tengo muchas quejas, tengo muchas ilusiones”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que los ‘servidores’ obtengan un cargo público en el nuevo gobierno, Gabriel García dijo que la mayoría de los “servidores” están al servicio de la patria. “Los puestos son lo de menos, es lo que no entienden muchos, pero se va a ir aclarando”, apuntó.

 Algunos ‘servidores’ entrevistados por Animal Político -que solicitaron el anonimato- reconocieron que antes de participar en el Censo habían colaborado con López Obrador en otros ejercicios, como las consultas ciudadanas y promoviendo el voto para la campaña presidencial-. Sin embargo, García Hernández lo negó y dijo que los realizadores del Censo han colaborado con ellos “en la lucha por las causas más justas de este país”. 

“No todo es electoral, no todo son votos. Hay convicciones y eso no lo paga ningún dinero”, respondió.

La app

Uno de los encuestadores de la colonia Roma Sur de la Ciudad de México explicó cómo se utiliza la aplicación Sider, donde se sube toda la información recabada en el Censo. Uno de los pasos es verificar los datos de la persona censada dentro del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, que ya está precargado en la aplicación.

Cuestionado sobre la legalidad de que los ‘servidores’ tuvieran esta información sin ser funcionarios públicos, Gabriel García aseguró que es una parte normal de la entrega-recepción al nuevo gobierno. 

“Tú cuando vas a recibir una administración te entregan la información para que revises, eso es lo que se hizo y es completamente legal y correcto porque hay confidencialidad y respeto a los datos personales de cada quién, no se pueden utilizar para ningún otro fin que no sea corroborar que esas personas existen. Eso es algo permitido y lógico”, afirmó el funcionario.

Informó que el Censo continuará ya con la nueva administración en marcha, pues la etapa de censar casa por casa concluyó el pasado 30 de noviembre; aunque no precisó cuál será el mecanismo para seguir inscribiendo a los beneficiarios.  

“Ya tienen que entrar las reglas nuevas, esto fue un trabajo que se hizo en transición. Cuando llegue el tiempo de revisar las consultas se van a generalizar más y el levantamiento de la información se va a transparentar. En la etapa que viene hay que ver cuál es la figura institucional que se va a (utilizar para) cobrar, pero el trabajo es el mismo”, concluyó el Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo.