De acuerdo con datos proporcionados por el secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos Flores, el Gobierno del Estado -es decir, los contribuyentes- podría entrar “al rescate” del sistema de salud de los empleados del magisterio afiliados fundamentalmente a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Como es sabido, el conocido “servicio médico de la Sección 38” entró en crisis desde hace tiempo debido a la desproporción entre los servicios que está obligado a otorgar y los recursos de que dispone para tal propósito.

Para quienes tienen un mínimo conocimiento actuarial o para quienes conocen de cerca el esquema bajo el cual se administra el sistema de salud del magisterio estatal, la crisis del mismo no representa ninguna novedad. Se trata apenas del resultado esperable de un modelo de servicio que fue mal diseñado y ha sido peor operado.

El “servicio médico de la 38” constituye un fracaso por donde se le vea. Por un lado, es un sistema basado en la solidaridad, es decir, todos los derechohabientes deben aportar recursos para financiar su operación, pero sólo se benefician con su existencia aquellos que lo usan. Esto implica, entre otras cosas, que los derechos son los mismos para todos, independientemente de su nivel de aportación.

Por otro lado, en algún momento de la historia a alguien dentro de la estructura directiva de la 38 le vendieron bien la idea de que mediante la contratación de un seguro de gastos médicos mayores podría potenciarse el servicio a los derechohabientes.

Para la aseguradora que les vende la póliza el esquema ha resultado un gran negocio, sin duda, pues los seguros están diseñados con un sólo propósito: que las primas pagadas por los contratantes impliquen ingresos muy por encima de los egresos provocados por la siniestralidad.

Para los afiliados al sistema de salud de la 38 el esquema se traduce en un pésimo servicio y en algo aún más grave: su derecho a la salud no está garantizado porque el seguro tiene una cobertura limitada y una vez que ésta se alcanza el costo excedente de cualquier tratamiento debe ser cubierto por el derechohabiente.

Por ello, no importa cuánto dinero piense destinársele al “rescate 2015” del servicio médico de la 38. La inyección de recursos solo aliviará temporalmente la situación para volver a empeorar luego de un cierto tiempo -que cada vez será más corto porque la crisis no hará sino agravarse- haciendo necesario un programa de “rescate permanente”.

Por eso, la solución no está en “rescatar” el sistema de salud de la 38, sino en modificar de forma radical su operación. Y para ello, una de las primeras cosas que el Gobierno del Estado debe hacer es retirarle la administración de dicho servicio al sindicato magisterial, pues sobradamente demostrado está que su especialidad es la quiebra de los sistemas de seguridad social.