La Secretaría de Educación Pública ha dicho —una y otra vez—que la reforma educativa “va en serio” y que no habrá marcha atrás en el proceso de establecer un mecanismo de evaluación y permanencia de los docentes actualmente contratados en el País.

El año pasado, sin duda dio muestras de que tiene intenciones de aplicar la ley y sujetar al marco jurídico a quienes, cobrando un salario en la nómina magisterial, no contribuyen realmente a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.

En esa dirección se aplicaron las primeras evaluaciones a los maestros de todo el País y el porcentaje de mentores que se sometieron a la misma fue realmente alto y sólo en algunos lugares —entre ellos Oaxaca— las cifras podrían calificarse como desalentadoras en términos de las posibilidades de éxito que se le puedan otorgar al proceso de evaluación docente.

Sin embargo, la verdadera “prueba de fuego” del nuevo modelo de relación laboral entre el Estado Mexicano y los profesores del sistema de educación pública llegará este año, cuando podrían concretarse los primeros despidos a maestros que incumplieron con la obligación de someterse al proceso de evaluación y no han ofrecido una explicación que justifique su conducta.

Y es necesario remarcar el “podría” porque, como es bien sabido, en la inmensa mayoría de los casos, el incumplimiento de los maestros con el proceso de evaluación se debe a una actitud de franco desafío al modelo y forma parte de la apuesta de un sector —más o menos amplio— del magisterio nacional por el fracaso de la reforma educativa.

De acuerdo con la información que se ha difundido, ya existe un grupo de profesores a quienes se ha dado un “ultimátum” para que justifiquen el por qué no se han presentado a la evaluación, advirtiéndoles de la conclusión de su relación laboral en caso contrario.

Del lado del gremio magisterial ya se anunció la interposición de amparos en contra de tales notificaciones y el eventual despido, lo que puede prolongar la disputa algunos meses, en caso de que los maestros que recurran al amparo obtengan la suspensión provisional en lo que se resuelve el fondo de la disputa legal.

Pero, a menos que existiera un gigantesco fallo en el trámite legislativo, o el equipo jurídico de la SEP cometiera garrafales errores en el proceso de despido, lo que puede anticiparse desde ahora es que durante el primer semestre del año se agotarán todos los recursos jurídicos de quienes se resisten a la reforma educativa y los despidos podrán ser ejecutados.

Entonces llegará la hora de la verdad, pues la ejecución de los despidos correrá de forma paralela a los procesos electorales que este año implican la renovación de una docena de gubernaturas, además de cientos de cargos legislativos y en ayuntamientos.

¿Resistirá la estrategia gubernamental la presión que implicará el deseo de todas las fuerzas de aliarse con el gremio magisterial para ganar elecciones? Ésa es la gran pregunta de este año.