Hace dos años, cuatro meses y 21 días, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue arrestado en Puerto Vallarta a pedido de las autoridades de los Estados Unidos, señalado de haber utilizado el sistema financiero del vecino país para blanquear dinero ilegal obtenido mediante sobornos por la adjudicación de obras públicas durante su paso por el gobierno estatal.

Ocho meses después, en octubre de 2019, el sucesor de Humberto Moreira fue extraditado a los Estados Unidos tras fracasar en su intento por impedirle a sus acusadores llevarlo ante un juez en el estado de Texas. En aquella ocasión los abogados de Torres López justificaron el desistimiento del amparo interpuesto por su cliente -contra la solicitud de extradición- en la intención de éste de enfrentar a las autoridades norteamericanas para “limpiar su nombre”.

En su primera audiencia ante la autoridad jurisdiccional de Texas, el 31 de octubre de 2019, el exmandatario se declaró “non guilty”, lo cual parecía anticipar su determinación por dar la batalla legal y su confianza en la posibilidad de obtener la absolución por parte de un jurado.

Sin embargo, meses después cambió de parecer y el 17 de junio de 2020, en una comparecencia a la cual todos pudimos acceder a través de la plataforma Zoom -cortesía de la pandemia del coronavirus- Jorge Torres se declaró culpable ante la juez Nelva Ramos, sellando así su destino: será un delincuente confeso por el resto de sus días.

Este episodio de la historia concluyó el miércoles pasado al conocerse la sentencia dictada en su contra: tres años de cárcel de los cuales apenas le restaría compurgar 8 meses, después de los cuales será expulsado de los Estados Unidos.

En febrero del año próximo, Torres López estará de vuelta en territorio nacional, bien a bordo de un avión, bien por tierra a través de alguno de los puertos fronterizos entre México y los Estados Unidos.

La pregunta obligada es: ¿cuál será la situación jurídica del exgobernador interino cuando vuelva a México? ¿Será un hombre libre o un perseguido por la justicia coahuilense y/o federal?

La respuesta a dicha interrogante deben darla esencialmente dos personas: el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ambos están inexplicablemente tarde, ya no digamos en el ofrecimiento de una respuesta contundente al respecto, sino incluso en establecer un posicionamiento en el sentido correcto.

Para cualquier persona con un mínimo de sentido común -y sin necesidad de poseer los doctorados en Derecho con los cuales gustan acompañar sus nombres los fiscales mencionados- puede responder con tino a la pregunta formulada: a Jorge Torres López debería estarlo esperando una celda en cuanto pise territorio mexicano.

La razón es muy simple: su participación en hechos delictivos mientras fungió como alto funcionario del Gobierno de Coahuila ¡ya fue admitida por él! y por eso es hoy un convicto y un delincuente confeso, cuya permanencia en una cárcel de los Estados Unidos tiene el propósito de purgar una pena.

Ya no goza del beneficio de la presunción de inocencia; ya no debe esperarse al agotamiento de ningún recurso legal -porque él renunció a tal posibilidad cuando firmó un acuerdo con los fiscales estadounidenses-; ya no hace falta siquiera investigar nada.

La síntesis apretada de los hechos probados es la siguiente:

1. Jorge Torres recibió dinero ilegal como “contraprestación” -soborno, moche, embute, o como usted quiera decirle- por la adjudicación de obras pagadas con dinero público. Es irrelevante, por cierto, si fue debido a un “sobreprecio”, o se debió a la “gratitud” de los contratistas. El dinero recibido era ilegal, punto.

2. Torres López transfirió el dinero ilegal a los Estados Unidos utilizando para ello el sistema bancario. Tal hecho actualiza la hipótesis de “lavado de dinero”, pues al sistema bancario de cualquier país solamente puede ingresar -legalmente- el dinero cuyo origen lícito puede probarse.

3. Un conjunto de agencias estadounidenses detectaron el trasiego de dinero de México a Estados Unidos, iniciaron una investigación y llegaron a una conclusión a partir de la cual se armó un caso penal: los recursos transferidos por Torres López a Estados Unidos tenían origen ilegal y, tras seguirle la pista al dinero, dieron con el origen: sobornos por la adjudicación de obras.

4. Con las pruebas en la mano, los fiscales norteamericanos fueron ante un juez, obtuvieron una orden de citación contra el exmandatario interino y, tras la negativa de aquel a comparecer, lo declararon prófugo de la justicia y comenzaron su persecución. El resto está reseñado al principio de este texto.

Solamente al fiscal Márquez se le dificulta comprender la trama y por ello utiliza subterfugios retóricos para evadir pronunciarse de forma contundente al respecto… O tal vez no sea falta de entendimiento, sino exceso de éste. Seguiremos en el tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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