Hace unos días se dio a conocer que el juez Sergio Moro impuso una sentencia de nueve años y medio de prisión al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por considerar que había elementos que indicaban corrupción y conflicto de intereses, debido a que Lula había recibido un apartamento de más de un millón de dólares de una empresa llamada OAS, a cambio de varios contratos de construcción de obra pública para la petrolera Petrobras.

Sin embargo, dicha sentencia ha levantado muchas suspicacias en el medio político de Brasil, porque coincide con el ascenso de Lula en prácticamente todas las encuestas sobre la elección presidencial de 2018, en donde el exmandatario aparece como claro favorito con aproximadamente el doble de intención de voto que su más cercano competidor Jair Bolsonaro.

Por un lado, es innegable que tanto en el Gobierno de Lula, como en el de su sucesora, Rousseff, hubo corrupción y también lo es que todo acto de corrupción debe ser castigado. El gran problema es que la corrupción en Brasil no se limita al Partido de los Trabajadores, ni a los círculos cercanos de Lula y Rousseff, sino que está presente en casi todos los partidos y hay centenares de políticos, incluidos muchos aspirantes a la presidencia, que deberían de seguir el mismo destino que Lula.

Lo anterior genera dudas sobre las buenas intenciones del juez Sergio Moro, que quizá actúa no en un afán de combatir la corrupción y hacer justicia, sino como un instrumento de la clase política, en especial del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), que buscan despejar el camino para sus respectivos candidatos. Ya que el Partido de los Trabajadores no cuenta con una figura fuerte que pueda sustituir a Lula en la candidatura a la presidencia.

Por su parte Lula ya recurrió la sentencia y anunció que luchará por todos los medios disponibles para estar en la boleta presidencial el próximo año, por lo que el asunto está lejos de estar cerrado y existe todavía una amplia posibilidad de que pueda competir. Aunque también se debe aceptar que aun cuando logre la candidatura, su imagen se podría ver dañada por el escándalo. 

Lo que también es importante poner sobre la mesa es que quienes están moviendo los hilos para el encarcelamiento de Lula desde el PMDB y el PSDB, quizá no están calculando bien los costos de la medida, porque la principal beneficiada podría ser la excandidata presidencial Marina Silva, que quedó en tercer lugar en la elección pasada y que, por su cercanía ideológica con Lula, podría atraer a los electores de izquierda hacía su bando y ganarles la partida a las fuerzas políticas de derecha.

En conclusión, aún es pronto para definir el futuro de Lula, pero lo que dejan ver estos ataques es que se perfila una elección presidencial en Brasil muy complicada, que estará marcada por acusaciones mutuas de corrupción entre los candidatos. 

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