La sentencia de tres años de prisión que se anunció hace unos días al exgobernador Jorge Torres López, en Estados Unidos, es una mala noticia.

Mala noticia para todos aquellos que hubieran querido que se quedara encerrado más años. Pero más mala noticia para las autoridades locales, porque en unos meses tendrán que responder de qué lado están. Y es algo que no querían.

Después de conocerse la condena de tres años impuesta en Estados Unidos al exgobernador Jorge Torres López por lavado de dinero, y que por el tiempo que ha llevado su proceso le quedarían apenas unos meses antes de salir de prisión y ser deportado, la gran pregunta es: ¿qué pasará con la justicia mexicana y/o la justicia coahuilense?

Después de confesar que realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila, lo menos que se esperaría sería que por esas mismas confesiones fuera juzgado en Coahuila.

Creo que para las autoridades coahuilenses, más específicamente para la actual administración estatal, la noticia de la pena a Jorge Torres fue una mala noticia. Mala noticia porque en unos meses, quizá posteriores a la Navidad, el exgobernador quedará libre y la papa caliente caerá a manos de las autoridades locales. ¿Después de lo confesado en Estados Unidos, será capaz la justicia local de procesar al exgobernador por el delito de cohecho?

El artículo 452 del Código Penal de Coahuila establece que “cometerá el delito de cohecho, el servidor público que por sí o a través de terceras personas, solicite, exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio que no esté comprendido en su remuneración como servidor público, ni como bono o estímulo extraordinario acordado por autoridad competente”.

En Coahuila el delito de cohecho por servidor público se castiga dependiendo de la cantidad o valor de la dádiva y va con una sanción de prisión de dos hasta 10 años.

El artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que “incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público”. Y se considera como una falta administrativa grave.

Es decir, lo menos que podría hacer la Fiscalía es enfocarse en ese delito, aunque existen otros como el delito de enriquecimiento ilícito o peculado. Desde que fue detenido en Estados Unidos, las declaraciones de actores locales fueron encaminadas para salir al quite del momento. Pero ahora: habrá acciones o no.

Hasta el momento la autoridad de justicia coahuilense no ha admitido del todo la posibilidad de procesar al exgobernador por ese delito. Lo último que dijo el fiscal Gerardo Márquez Guevara es que solicitarán los registros de la investigación a la Fiscalía General de la República, que por cierto brindó a las autoridades estadounidenses “asistencia significativa”.

Habrá que cuestionar, y la Fiscalía de la República tendrá que transparentar en qué consistió esa “asistencia significativa” y si por ese motivo se puede desprender una investigación nacional.

AL TIRO

Por eso creo que fue una mala noticia para los que ostentan el poder en el Estado. Para ellos hubiera sido mejor nadar de muertito y dejar todo a los norteamericanos. Y quitarse un problema: que lo castiguen ellos. O quizá que el problema y las respuestas vinieran de la siguiente administración estatal.

Pero con la noticia de los años de pena, en unos meses la bronca será para ellos. Y la reacción que tenga la administración y el aparato de justicia podrá darle dividendos positivos o tener un costo político negativo.

Imagine que después de haber confesado que recibió sobornos para contratos en Coahuila, Jorge Torres cumpla su condena, sea deportado y se pasee como si nada en Saltillo. Que usted lo vea comiendo o paseando en la calle. Que aquí no se le investigue por lo que dijo haber hecho en Estados Unidos. Eso sin duda podría tener un costo. ¿Qué argumentos de inacción darían ahora después que hicieron la chamba en otro país?

Por eso la noticia de los años de sentencia fue una mala noticia para las autoridades coahuilenses. Porque tendrán que hacer algo que no quisieron hacer en su momento. De lo contrario, podría costarles caro.

Las autoridades locales tienen ocho meses para armar una carpeta y responder a las demandas de justicia. Ocho meses en los que tendrán que ponerse a trabajar lo que no quisieron en muchos años. Porque en ocho meses Jorge Torres quedará libre en Estados Unidos, donde sí lo procesaron.