El cese fulminante de un funcionario responsable de vigilar el buen uso de los recursos públicos,  tras haber hecho señalamientos tímidos respecto del comportamiento de un alto funcionario del gobierno federal, que forma parte del primer círculo de la clase gobernante, Emilio Lozoya Thalman y el escándalo Oderbrecht; la persecución a dirigentes políticos de oposición con auditorías a sus negocios, como le ha sucedido al panista Ricardo Anaya; la impunidad con que se desenvuelven personeros del régimen como el Secretario de Comunicaciones y Transportes, que no lo molestan a pesar de haberse demostrado responsabilidad en una tragedia que enlutó un hogar, pero el famoso socavón no pasó de ser una pequeña errata. La ceguera de magistrados y responsables directos en un ejercicio electoral a todas luces ilegal y lleno de trampas, como fueron las elecciones de junio en Coahuila, y cuando el Presidente validó con su actitud arrogante el fraude, sin importar la actuación de jueces en los juicios que aún están pendientes; la mayoría priista en el Congreso impide que se investigue a quien fuera responsable de las finanzas de Veracruz al mando de Javier Duarte, presunto responsable de una mega desviación de recursos para favorecer a su partido (adivino, al PRI). Son signos todos de que la forma de gobernar obedecen a los intereses de un grupo que quiere conducir al país con métodos propios de una dictadura.

El mensaje que recibimos los mexicanos es de tal forma perturbador, que no podemos esperar una actuación apegada a las normas civiles democráticas y de respeto al derecho y a la voluntad popular en los comicios del año 2018. No son exageraciones, ni me anima la desesperación ante el comportamiento de oídos sordos a las miles de quejas de los ciudadanos que aún creemos que con la razón y el diálogo se pueden encontrar las mejores soluciones a los problemas comunes. Los políticos que confiaron en las instituciones, como los que se presentaron en forma independiente a disputar un cargo en la política coahuilense y que fueron burlados con la fuerza del control de jueces y presupuestos, merecen una respuesta a sus demandas y no la ceguera propia de tiranos. Los hombres y mujeres que abrazaron una causa política, en torno a partidos que con los instrumentos y métodos contemplados por las leyes participaron en los comicios, y fueron engañados y pisoteados sus derechos. Es improbable que vuelvan a confiar. Las consecuencias son impredecibles.

La historia nos presenta épocas turbulentas, con heridas que tardaron mucho en sanar. Hace unos días recordamos aquel octubre de 1968 y los resultados que la soberbia  gubernamental acarreó en la década siguiente, cuando las montañas y ciudades se llenaron de desesperados haciendo la guerrilla. La moderna sociedad está lejos de aquellos acontecimientos pero desafortunadamente los motivos se siguen repitiendo, producto del olímpico desprecio a las demandas de democracia de los mexicanos.

La del estribo

Antes no existían instituciones para garantizar el comportamiento ético de los gobernantes y que vigilan que no se produzcan los excesos; las Comisiones ciudadanizadas de Derechos Humanos, electorales, las celosas guardianas del estricto orden en el manejo de los recursos públicos, la garantía de respeto de las fuerzas armadas y otras tantas instancias depuradas y modernizadas para que los mexicanos vivamos en un ambiente de respeto. La tarea es no echarlas a perder, como al parecer sucederá con los comicios de Coahuila. Una protesta más se organiza para este martes 24 de octubre por quienes aún confían en el respeto al voto. Escuchar. Atender y proceder conforme a nuestras leyes es la única salida.   

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