Hay intentos de la delincuencia organizada para tratar de infiltrar el Poder Judicial de la Federación (PJF) y aun cuando la corrupción no es ajena a los impartidores de justicia, los juzgadores federales tienen la obligación de actuar con pulcritud para responder a ambos fenómenos y recuperar la confianza ciudadana, advirtieron por separado la Consejera de la Judicatura Federal, Martha María del Carmen Hernández y el ministro José Fernando Franco González Salas. 

En una ceremonia solemne para tomar protesta a 66 Jueces de Distrito, especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Consejera Hernández Álvarez hizo un llamado a los nuevos miembros para que destierren las malas prácticas que han deteriorado la impartición de justicia en México y a que resistan cualquier tentación que los aleje de los principios éticos del Poder Judicial. 

“No podemos dejar de reconocer la realidad que vive nuestro país con el fenómeno de la delincuencia organizada, ésta busca infiltrarse en instituciones tan nobles como la nuestra, pero por ello les comparto que sólo nuestros principios les permitirán resistir cualquier tentación de alejarse de los mismos, pues el peligro de aun nuestro más caro afecto personal o interés personal, no puede estar por encima del papel al que nos hemos comprometido cuando protestamos el cargo”, advirtió. 

Por su parte, el ministro Franco González Salas reconoció que el país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad, generada por fenómenos criminales nacionales y globalizados que laceran a la sociedad mexicana, por lo que pidió a los juzgadores federales combatir la corrupción y la impunidad para lograr la confianza de la gente. 

“Para enfrentar esos fenómenos, y recuperar la confianza, en lo que nos corresponde, se requiere que las conductas de los jueces, en lo público y en lo privado, sean escrupulosamente públicas; que sus decisiones estén sólidamente argumentadas y sustentadas en la Constitución y en las leyes, así como –no en pocas ocasiones- valientes, de cara a amenazas e intimidaciones”, exhortó. 

El ministro agregó que a cinco meses de cumplirse el plazo fijado en la reforma constitucional de 2008 para la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia penal, el Poder Judicial de la Federación cumplirá “en tiempo y forma” con sus compromisos en la materia.