Por segunda ocasión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno de Coahuila, así como al Congreso del Estado a atender y resolver de inmediato las peticiones de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del SNTE, de la UAdeC y de la UAAAN.
 
El punto de acuerdo fue emitido el pasado 13 de julio, aunque el 8 de junio, los diputados federales Guadalupe Acosta Naranjo y Federico Döring Casar ya habían exhortado al Gobernador del Estado, Rubén Moreira, y al Congreso del Coahuila a atender las peticiones de los trabajadores de la educación.
 
El reciente exhorto, fue hecho por los Senadores María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, quienes sostienen que el sistema de pensiones en México debe garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
 
Los Sendores señalan que en Coahuila, la legislación en materia de seguridad social presenta deficiencia en cuanto a las prestaciones que se otorgan, es decir, procedimental e institucional.
 
“Con las normas vigentes de seguridad social en el Estado de Coahuila, ha ocasionado que un gran número de trabajadores quede en estado de indefensión al ser leyes ausentes de los elementos principales de la seguridad social, como son la obligatoriedad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, la subsidiariedad y la previsión, lo que está generando consecuencias graves en el sistema pensionario y del servicio médico”, manifiestan los legisladores.

Añaden que con el paso del tiempo se ha ido generando una deuda de más de 600 millones de pesos solo al Servicio Médico por parte del Gobierno del Estado, lo anterior mediante el adeudamiento millonario a los proveedores de medicamentos y laboratorios.
 
En ese sentido, un buen número de trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la educación –Sección 38, UAdeC y UAAAN–, solicitan que se realicen auditorías externas a las instituciones de seguridad social por despachos contables independientes, bajo el aval de trabajadores en activo y jubilados, para verificar el uso y destino de los recursos aportados por los trabajadores y por las instituciones. 
 
Asimismo, solicitan que se apliquen sanciones administrativas y/o penales a quienes resulten responsables por desvíos de recursos y malversación de fondos.
 
Piden que el Gobierno Estatal asuma su responsabilidad como garante de la seguridad social de los trabajadores de la Educación de Coahuila -como lo ordena la Constitución- y abrogar las leyes del servicio médico y pensiones aprobadas en perjuicio de los trabajadores de la educación y sus familias.