Torreón.- El senador por Guerrero, Armando Ríos Piter del PRD, presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al Tribunal Superior Agrario a realizar una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido Tenochtitlán de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 
       
Recientemente campesinos del ejido Tenochtitlán interpusieron una revisión en el Tribunal Superior Agrario, luego que el Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón, resolviera a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, por la propiedad de unos terrenos. Actualmente, contó Mario Valdés, ejidatario y representante de los campesinos, se encuentra en Segunda Instancia del Tribunal Superior. 
       
Valdés lamentó que mejor un legislador por Guerrero se interese por las presuntas injusticias que han sido objeto los ejidatarios coahuilenses. Dijo que salvo la senadora panista Silvia Garza, ningún otro senador o diputado por Coahuila, ha sido sensible a las afectaciones contra el ejido.
      
“En lo absoluto nadie nos ha ayudado, en la ignominia estamos, ignorados absolutamente como si no contáramos, siendo ya un tema bastante publicitado. No quieren o no les conviene, parece ser que unos ejidatarios luchando contra una transnacional no es de su interés”, reprochó Mario Valdés.
      
El ejidatario comentó que con el exhorto se busca dar seguimiento en el Tribunal para exponer a los magistrados la posición del ejido. “Que no batallen tanto, que verifiquen las actas de ejecución, la resolución presidencial. No las ejecutaron como debieran”, apuntó.
        
Así mismo, el ejido Tenochtitlán se declaró solidario con la sentencia de la magistrada Marcela Ramírez Borjón, del Sexto Tribunal Unitario de Torreón en el caso del ejido La Sierrita de Galeana en Durango, donde les devuelve las tierras pero los condiciona a pagar un “embargo”. 
     
Mario Valdés comentó que es la misma magistrada que llevó su caso. “Ella no tomó en cuenta documentos torales, para mandar un actuario a caminar 15 cuadras se tardaron un año. Acepto documentos que ya habían sido rechazados”, recordó.