El Senado aprobó la Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que pretende coordinar las acciones de prevención, investigación y sanción y responsabiliza de estos crímenes a los implicados, aunque estén siguiendo órdenes de un superior.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta con 90 votos a favor y cuatro en contra y enviada a los diputados para su ratificación.

El ordenamiento tiene como objetivo "establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno" en tratos crueles, inhumanos y degradantes, informó hoy el Senado en un comunicado.

La ley señala que la obediencia de órdenes o instrucciones de un superior no constituye una exclusión del delito de tortura para los implicados, pues dichas órdenes "son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas".

Asimismo, tampoco serán excepcionales circunstancias como tiempos de guerra, invasiones, conflictos armados, inestabilidad política interna o suspensión de derechos y su garantía.

"El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles", explicó la Cámara alta.

Si un funcionario es vinculado a proceso por el delito de tortura, se le impondrá prisión preventiva y será suspendido temporalmente de su cargo "para no afectar la investigación", añadió.

En el caso de que el funcionario sea declarado culpable del delito, se le impondrá una pena que irá de los 10 a los 20 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa.

Para los particulares las penas serán de 4 a 12 años de cárcel y de 300 a 600 días de multa.

Según la iniciativa, "ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos".

La aprobación del dictamen por parte del Senado llega pocas semanas después de que saliera a la luz un vídeo que muestra actos de tortura de dos militares y tres policías federales -todos ellos bajo proceso penal- a una civil, ocurridos en febrero de 2015 en el estado de Guerrero.

Tras la publicación del vídeo, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la ciudadanía y calificó los hechos de "inadmisibles".