El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este sábado la ley de “emergencia económica“, propuesta por el Gobierno del presidente Alberto Fernández, que busca hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa el país sudamericano.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Tras casi ocho horas de debate y menos de un día después de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados, la norma fue sancionada sin modificaciones por 41 votos a favor y 23 en contra y una abstención, destacó el diario La Nación.

El senador oficialista Carlos Caserio consideró que la nueva ley posibilitará que Argentina se ponga “en movimiento” porque “la situación es realmente grave”.

La “megaley” prevé, entre otros puntos, el congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones. En este periodo, los aumentos de las jubilaciones serán fijados trimestralmente por el Ejecutivo.

La legislación es muy amplia y, entre sus otros puntos sobresalientes, destacan la creación y el aumento de algunos impuestos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y temas de la deuda pública, otro de los problemas acuciantes a resolver en el corto plazo.

Asimismo, incluye la creación de un impuesto denominado “país” (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria), que gravará con una tasa del 30 por ciento la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares para viajar al exterior y los gastos que se hagan en moneda extranjera dentro y fuera del país.

Además, el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y los derechos a las exportaciones de productos agrícolas, que se podrán incrementar hasta el 33 por ciento en el caso de la soja, el principal cultivo de Argentina.