Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político

El Senado presentará al pleno este martes 18 de septiembre un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Investigación sobre los presuntos desvíos ocurridos en la Sedesol y la Sedatu, durante las administraciones de Rosario Robles, quien también sería citada a comparecer ante comisiones.

Se trata de un nuevo punto de acuerdo, diferente al que se registró en la Gaceta del jueves pasado, y que no pudo ser discutido. En este, se incluye el tema de desvíos utilizando universidades, explicado en el reportaje de la Estafa Maestra. 

En la propuesta también se plantea citar a los titulares de seis instancias de gobierno para explicar las acciones que han tomado para investigar los presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos entre 2013 y 2017. Se trata de Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR; David Colmenares, auditor Superior de la Federación; Arely Gómez, titular de la Función Pública; Antonio Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT); al encargado del despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera y Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las tres últimas dependencias tienen las facultades legales e instrumentos para dar seguimiento a los recursos públicos, toda vez que tienen acceso a las cuentas bancarias y registro de las empresas fantasma utilizadas, por lo que podrían identificar el destino final del dinero.

En tanto, la PGR deberá informar sobre el avance de las 24 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2015 y 2017 respecto al esquema de desvío en la Sedesol, seis universidades y el sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública también deberá entregar los avances respecto a las investigaciones que seguía sobre los funcionarios implicados y sus responsabilidades en el caso, según informó en un comunicado en septiembre de 2017.

El punto de acuerdo toma como partida la investigación periodística La estafa maestra, en la cual Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de empresas fantasma, y las revelaciones del periódico Reforma respecto al traslado de dinero público en efectivo a 10 domicilios de empresas inexistentes publicada la semana pasada.

Más implicados

El punto de acuerdo, propuesto por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propone la integración de una comisión especial para investigar los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013, 2014 y 2015.

Por eso advierte que en dicho esquema “están presuntamente involucradas diversas dependencias federales, organismos e instituciones públicas estatales, así como una serie de empresas privadas”.

Efectivamente el esquema de desvío no sólo ocurrió en la Secretaría de Desarrollo Social, sino también en otra decena de dependencias e instancias del gobierno Federal como Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya; Banobras, cuando el director era Alfredo del Mazo; el FOVISSSTE que tenía como director a José Reyes Baeza; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza; la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo, entre otras.

Por tanto, la comisión podría investigar al resto de dependencias involucradas. Sin embargo, por lo pronto sólo será llamada a comparecer ante las comisiones ordinarias y la comisión especial, en su caso, a Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y al actual secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, toda vez que el esquema se repitió en ambas dependencias, aunque sólo bajo la gestión de Robles.

Aunque hasta el jueves próximo quedarán conformadas las comisiones ordinarias de manera formal en el Senado, se prevé que la comparecencia se desarrolle ante las comisiones de Justicia o Anticorrupción, además de la comisión especial en caso de aprobarse el punto de acuerdo.

Esta propuesta, dice Monreal en el punto de acuerdo, “constituye no sólo un rotundo acto de congruencia con aquello que le ofrecimos a nuestro electorado, sino que habrá de medir el brío de esta nueva legislatura en materia del combate a la corrupción”.

¿Qué alcances tiene la comisión?

Después de la publicación de los informes de Cuenta Pública de la Auditoría, del reportaje la Estafa Maestra y de las notas del periódico Reforma, y pese a las denuncias penales en la PGR, ningún titular ha enfrentado consecuencia alguna sobre los desvíos en sus respectivas dependencias.

En caso de aprobarse el punto de acuerdo, Rosario Robles sería la primera funcionaria en comparecer sobre el tema. Sin embargo, en caso de aprobarse la creación de una comisión especial, ésta tiene alcance corto.

El artículo 93 de la Constitución permite al Legislativo integrar comisiones especiales y cuyos resultados son entregados al Ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento del Senado, “las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; en ningún caso tienen facultades para dictaminar”.

Es decir, la comisión deberá realizar informes con base a los datos recabados de las instancias correspondientes, pero no tendría implicaciones judiciales.

De aprobarse el punto de acuerdo, los senadores determinarán la conformación y perodicidad de trabajo. Además, de acuerdo con el reglamento del Senado, las comisiones especiales “se extinguen al cumplir su objeto, al considerar el Pleno concluidas sus actividades de forma anticipada o, en su caso, al término de la legislatura”, pero en caso de concluir el plazo previsto sin concluir el objeto por la que se creó, el pleno puede prorrogar su permanencia.