Esta investigación revela que desde 2014, el 84 por ciento de las sentencias por este delito se negociaron. Los ministerios públicos presionan a las familias de víctimas de feminicidio para aceptar un procedimiento abreviado, una figura en la que el responsable acepta su culpabilidad a cambio de una pena menor y evitar juicios orales largos, pese a tener en muchos casos las pruebas y argumentos para aplicar sentencias más altas.

La figura del proceso abreviado, también conocido como “justicia negociada”, está en la ley. Pero las prácticas y estrategias de los ministerios públicos para convencer a las familias víctimas, están lejos de apegarse a leyes como la General de Víctimas, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o al propio Código Nacional de Procedimientos Penales.

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