Una de las peores noticias que podemos recibir los ciudadanos es la confirmación de que las instituciones públicas no tienen idea de qué hacer frente a los problemas que, de acuerdo con las normas que rigen su operación, les corresponde atender.

Eso justamente pareciera estarle ocurriendo a la Secretaría de la Juventud, instancia que públicamente “presume” de contar con diagnósticos puntuales de los fenómenos que aquejan a la población joven de Coahuila, pero al mismo tiempo deja claro que no tiene idea de cuál es su papel frente a estos.

Para muestra ahí está el botón del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la presunta detección de venta y consumo de estupefacientes en las escuelas del sistema educativo estatal, específicamente en escuelas secundarias.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio titular de la dependencia, Carlos García Vega, el personal de la Secretaría ha detectado “de forma circunstancial” la venta de drogas en al menos cuatro escuelas de Saltillo, razón por la cual, en la Sejuve “se sospecha” que deben existir muchos casos más, no solamente en la capital del Estado, sino también en el resto del territorio estatal.

La sospecha anterior se refuerza debido a un hecho puntual: según la Encuesta Estatal de Juventud, instrumento que la Secretaría de la Juventud utiliza para evaluar la problemática que afecta a este sector de la sociedad, tres de cada diez jóvenes coahuilenses están consumiendo alguna droga.

Parece claro que, frente al dato estadístico y la constatación material de que en algunas escuelas de la entidad se vende droga de forma impune -al grado que no hace falta realizar investigación alguna para darse cuenta del hecho-, la Sejuve tendría que haber diseñado ya una estrategia para enfrentar la situación.

Lejos de tal posibilidad, el titular de la dependencia ha dicho que van a proponer a la Comisión Estatal de Seguridad “algunas acciones” para atender el fenómeno.

La declaración de García Vega pareciera dejar claro que, al menos para la Sejuve, el fenómeno del narcotráfico y la alta incidencia de adolescentes consumidores de droga son lo mismo y, por tanto, les corresponde la misma solución, en este caso la adopción de medidas policiales y de seguridad.

Pareciera innecesario, frente a una posición como ésta, que la entidad cuente con una Secretaría dedicada a la atención de los asuntos de la juventud, pues si frente a un problema tan grave, como es el hecho de que el 30 por ciento de los jóvenes consuma alguna droga, lo único que se nos ocurre es una estrategia policial, lo mismo daría que la Sejuve no existiera.

Cabría esperar, frente a fenómenos sociales complejos, repuestas que, por lo menos, retraten a nuestros funcionarios como individuos capaces de aproximarse a estos un poco más allá de la superficie.