México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y el 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esto es el resultado de una sociedad lacerantemente desigual, de la descomposición de nuestra sociedad e instituciones y del inalcanzable acceso a la justicia que tenemos las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres en nuestro país.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, una niña de 11 años, con toda una vida por delante, nunca pensó que acudir a la Clínica 35 del IMSS para visitar a su abuelo enfermo de cáncer, marcaría su vida. Al subirse sola a un elevador fue violada por Ricardo Israel Ortiz Narváez.

La madre de la menor de edad, auxiliada por vendedores que se encontraban afuera del hospital, logró detener al agresor de su pequeña, quien fue detenido y encarcelado. Sin embargo, debido a los beneficios del procedimiento abreviado del sistema de justicia penal vigente, Ortiz Narváez obtuvo una pena mínima de seis años y seis meses de prisión y una reparación del daño por 12 mil 800 pesos.

El Código Penal de Chihuahua tipifica la violación agravada con hasta 30 años de prisión, pero al acogerse al procedimiento abreviado la sentencia del violador fue casi el 80 por ciento menor.

Para los familiares de la pequeña, la sentencia representó un claro acto de impunidad y minimización de los daños, evidenciando las razones por las cuales México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en impunidad y abuso sexual.

Al menos 9 mujeres cada día denuncian haber sido violadas en nuestro país, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre enero y mayo de 2019, mil 577 mujeres llamaron al número de emergencia 911 por ese delito. Las estadísticas muestran que durante 2016 se reportaron 3 mil 929 llamadas relacionadas con casos de violación; en 2017 la cifra fue de 3 mil 576 y en 2018 aumentó a 3 mil 654.

En tanto los números marcan una tendencia al alza de la violencia de género, el sistema de justicia penal permite a los agresores allegarse de beneficios, como el procedimiento abreviado, proceso en el que el imputado, al reconocer voluntariamente el delito ante la autoridad judicial, con conocimiento de las consecuencias y medios existentes de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez solo cita a audiencia de sentencia.

Es cierto que es un derecho del imputado acogerse en los beneficios que contempla el sistema de justicia penal, pero también es cierto que el Ministerio Público tiene la facultad para negarse o aceptarlo.

Entender el contexto que vive el país y exigir la investigación con perspectiva de género en delitos contra niñas, adolescentes y mujeres es urgente para poner fin a la impunidad que rodea a los delitos y la violencia de género.

De acuerdo con el SESNSP, del total de asuntos con carpetas de investigación vinculadas a proceso iniciadas de enero a marzo de 2019, fueron mil 826 los imputados que eligieron el procedimiento abreviado, lo que significa el 5.1% del total.

El caso de la violación de una niña de 11 años en el elevador de un hospital, muestra que a pesar del incremento en la promulgación de leyes y políticas que buscan garantizar el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, estas acciones no se han traducido en una mayor igualdad y justicia y siguen existiendo grandes brechas en los mecanismos de implementación y su realización efectiva. La violencia estructural contra las mujeres es una forma de discriminación, producida y reproducida en todas las esferas sociales, políticas, económicas e institucionales.

El Ministerio Público, abogadas y abogados defensores de oficio, así como los juzgados deben eliminar las prácticas fundamentadas en prejuicios y lógicas que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres. Es inaplazable que en los procesos de procuración y administración de justicia se incorpore, de manera transversal, la perspectiva de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes. Verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas es un reclamo que la autoridad debe atender con prontitud.

Twitter: @Ale_BarralesM