La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) supo tres años y cinco meses antes del 26 de abril de 2019, fecha en que declaró como terrenos nacionales 745 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que en ese territorio del municipio de Nextlalpan había, al menos, 36 propietarios.

Tres oficios, uno del Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem); otro de la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu, y un acta de deslinde de terreno nacional de la Sedatu-Edomex, de los cuales Excélsior tiene copia, confirman que la Sedatu sabía de la existencia de propiedad privada en el lugar donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

La declaratoria de terrenos nacionales por parte de la Sedatu cumple dos fines: dotar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 128 hectáreas para el aeropuerto y ceder a 722 comuneros de Xaltocan a través de títulos sociales, que implica formalmente una propiedad privada, otras 617 hectáreas, proceso en el que los lugareños llevan décadas, sin poder cumplir.

El oficio 203B13000/699/2015 del Igecem está fechado el 12 de noviembre de 2015. Se trata de un informe dirigido a la delegación mexiquense de la Sedatu, que nueve días antes le había solicitado antecedentes de inscripción sobre los polígonos I, II y III de Xaltocan, sobre una superficie de 733 hectáreas.

El segundo oficio es II-210-DGPR-DGARPR-DIA-0053, de la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu, dirigido a delegación en el Estado de México para la autorización de trabajos técnicos de medición y deslinde del predio. Éste tiene fecha del 23 de febrero de 2016.

El tercer documento es el acta de deslinde de terreno nacional, con fecha 30 de agosto de 2016. Está firmado por el perito deslindador, ingeniero Fidel Mendoza Juárez.

La actual directora de Propiedad Rural de la Sedatu, Estela Ríos González, ha insistido en distintas entrevistas que la investigación registral sobre esos terrenos fue hecha en 2016 para la declaratoria de terrenos nacionales de 2019 y lo que arrojó fue que no había propiedad privada y que, en todo caso, se procedió conforme a la ley para dar aviso a quienes fuesen o se ostentaran como propietarios para defender sus derechos.

El proceso iniciado por la Sedatu en 2015 para una enajenación onerosa de las 745 hectáreas fue el mismo que la dependencia utilizó en 2019 para la declaratoria de terrenos nacionales.

A mediados de julio pasado, Excélsior develó que en los terrenos (128 hectáreas) donde se construye la nueva terminal aérea era propiedad privada. Eso detonó que un grupo de personas salieran a la luz pública a reclaman ser dueños de distintas fracciones de las 617 hectáreas restantes de la declaratoria de terrenos nacionales. La Sedatu se negó a reconocer. Su argumento fue que una clave catastral no era sinónimo de propiedad.

El documento de Igecem muestra una lista de 36 nombres de personas físicas y morales, acompañadas de una clave catastral.

En esa lista aparecen los nombres de Raúl Romero Zenizo, el propietario reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional como propietario de una parte del predio donde construye el aeropuerto. También está el de la Inmobiliaria Zumpango, que se proyecta como el propietario de 91 hectáreas de las 128 hectáreas, es decir 71% del total del predio de la obra de aeropuerto.

En el polígono I, zona catastral 02, manzanas catastrales 068 y 090 aparecen los registros de Romero Zenizo, Inmobiliaria Zumpango, Banca Unión y Sociedad de Vehículos Automotrices de Irapuato, Guanajuato.

En el polígono II, zona catastral 26, manzana catastral 047, María del Refugio Echenique Rodríguez.

En el polígono III, zona catastral 02, manzana catastral 038, 044, 045, 046, 051, 056, 071, 072, 073, aparecen:

Inmobiliaria Zumpango, Romero Zenizo, Banca Serfín, Eloy Montemayor Martínez, Pablo Rodríguez Rodríguez, María Alicia Cusi Sosa, Alfonso López Juárez (con 3 propiedades), Ignacio Hernández Sánchez, Benito Hernández Sánchez, José Carmen González Palma, Rafael Rodríguez Sánchez, Jacobo Arismendi Pérez, Ricardo Lavín Salinas, Enrico Cusi Giropini, Concepción Montemayor, Ofelia Montemayor, Glafira Rodríguez Rivero, Pedro Rodríguez López, Cipriano Rodríguez López, Tomás Rivero Martínez, Juna Rodríguez Rosas, Servicios Administrativos Contables Marc S.A. de C. V. (con seis propiedades), Enrico Cusi Sosa y Pedro González Tostado.

La Sedatu también ha dicho que los registros catastrales por sí mismos no son una prueba de propiedad. Sin embargo, Sergio González Tostado, hijo de uno de los propietarios ahí registrados, entregó a este diario una lista con los nombres de 17 personas que reclaman propiedad, con número de sus respectivas escrituras y también claves catastrales.

En el oficio II-210-DGPR-DGARPR-DIA-0053, de la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu, del 23 de febrero de 2016, además de la lista con los 36 nombres y sus claves catastrales, le notifica al delegado de la Sedatu en el Estado de México lo siguiente:

“Relativo a los antecedentes de las cuentas catastrales que arrojó Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado de México deberá notificar personalmente a las personas que cuenten con una clave catastral, así como a las que sólo señalan la ubicación del predio, en el entendido que las personas y representantes legales que comparezcan a la diligencia de deslinde, deberán acreditar mediante documentos idóneos su personalidad jurídica”.

En su oportunidad, la Sedatu, en el contexto de la información develada en días pasados sobre la presencia de personas físicas y morales que señalan ser propietarios de alguna fracción de terreno en San Miguel Xaltocan, dijo que se había procedido conforme a la ley, notificando vía edictos en los periódicos de la capital del Estado de México, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Estado de México. Sin embargo, nunca se hizo personalmente como lo dispuso Luis Armando Bastarrachea Sosa, antecesor de Estela Ríos en la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu.

El tercer documento que muestra que la Sedatu sí sabía de la existencia de antecedentes de propiedad privada en los terrenos que declaró como nacionales para entregarlos a la Sedena (128 hectáreas) y 617 hectáreas a 722 comuneros de Xaltocan es el acta de deslinde del terreno.

El documento está firmado por el perito Fidel Mendoza Juárez, por los representantes de los comuneros, Daniel Martínez Sánchez (que murió recientemente), Juan Paredes Sánchez, quien está al frente de un grupo de comuneros (otra facción, la que tiene tomada las 128 hectáreas es liderada por Francisco Chew, del Movimiento Social por la Tierra), y las autoridades ejidales.

El perito menciona que algunas personas de las mencionadas en la investigación del Igecem sí fueron tomadas en cuentas. Y puntualiza Mendoza Juárez:

“En relación a las demás personas físicas o morales, y que aparecen en la relación proporcionada en oficio 203B13000/699/2015 de fecha 12 de noviembre de 2015 por la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de México, no se localizaron domicilios de residencia en este poblado, por lo tanto se hace constar lo anterior por medio del acta circunstanciada correspondiente ante la presencia de dos testigos presenciales”.