México, igual que todos los gobiernos del mundo, está tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis derivada por el Covid-19 y recuperar a las industrias y sectores que más han sido golpeados por la contingencia sanitaria, para continuar con el desarrollo del país y la sociedad, sin comprometer las finanzas nacionales.

Por ello, empresarios del país, el Gobierno federal y los estatales buscan impulsar obras de comunicaciones y transportes, en especial proyectos carreteros, que consisten en la construcción y la modernización de autopistas, libramientos y puentes del país, como el Paquete Sureste, que incluye trabajos en cinco autopistas y un puente en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco mediante un esquema de asociación público-privada (APP).

Sin embargo, expertos coinciden que la inversión a la red carretera pasa por un mal momento y el principal desafío en la actual administración federal será dar certeza a la iniciativa privada para que, apegados a un marco normativo sólido, impulsen proyectos para el mejoramiento de infraestructura y la generación de empleos, algo que ni el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) - dependiente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)-, ni Caminos y Puentes Federales (Capufe), operadora de carreteras de cuota no han logrado.

Así lo considera Marco Garza, director general de EyE MÉXICO -una de las principales consultoras en infraestructura carretera en el país-, al enfatizar que, en la actualidad, hay carencia de nuevos proyectos de infraestructura y de diversificación del sistema carretero de forma equilibrada, que brinde bienestar a las comunidades de las zonas donde la infraestructura pudiera llegar.

“Es evidente una reducción en la construcción de grandes proyectos; sin embargo, hay un esfuerzo de trabajos en la pavimentación de caminos rurales”, considera el especialista, quien también sopesa que la red carretera nacional debe convertirse en una auténtica política de estado que trabaje, con Ley de Asociaciones Público-Privadas, en ambiciosas propuestas de infraestructura.

Garza también apuntó que, desde el punto de vista económico, existen malas experiencias de cuando el Gobierno ha dejado de lado al sector privado y se involucra directamente en las adjudicaciones con dinero público, para la modernización y gestión de carreteras, con latentes riesgos de corrupción e incumplimientos por falta de presupuestos. El caso más reciente podría ser el de la licitación para el Paquete Carretero del Sureste, que contempla  un contrato millonario cercano a los 14 mil millones de pesos y, con retraso, podría quedar en manos de Capufe.

Según el exsecretario de obras de Morelos, Fidel Giménez, las funciones de dicho organismo público han sido ineficientes, pues su principal objetivo es recaudar fondos para el Gobierno y no atender la infraestructura pendiente; ejemplo de ello, asienta, es que en su estado no se regresa ni el 10 por ciento de lo recaudado anualmente por el concepto de carreteras, equivalente a dos mi millones de pesos.

Asimismo, el exfuncionario estatal concuerda en que las Asociaciones Público-Privadas son mecanismos de inversión sanos y flexibles, ya que con aportación de capital privado, se pueden cumplir con tareas que le pertenecen al sector público y difícilmente podrían cumplir por sí solos en tiempo y forma.

Por el momento, se espera que en los próximos días, el Gobierno de México anuncie el segundo paquete de inversiones en infraestructura para la reactivación de la economía tras el impacto que dejó el coronavirus.