El compromiso del gobierno federal de proteger a la infancia del país no tiene fondos. El órgano que se creó para coordinar las políticas públicas a favor de 39 millones de niños, niñas y adolescentes apenas recibió, por decreto, lo que se gasta cada año en nómina y prestaciones.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se instaló —como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación— en diciembre de 2015, un año después de que el presidente, Enrique Peña Nieto, promulgó la ley en la materia.

El órgano inició operaciones sin estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año; por lo que Gobernación le entregó 20.8 millones de pesos que recuperó en septiembre de 2015 tras la abrogación de la Comisión para la Seguridad de Michoacán.

Es decir, los 20.8 millones que no gastó la Comisión de Michoacán antes de su desaparición y que fueron añadidos al presupuesto de Gobernación, se destinaron a la protección de la infancia.

Sin embargo, esa cifra es incluso inferior a lo que otros órganos administrativos desconcentrados de Gobernación gastan cada año sólo en la partida “servicios personales” (nómina, prestaciones económicas o seguridad social); sin contar otros de gasto corriente o subsidios.

Y la misión que tiene esta Secretaría Ejecutiva no es menor.

Según indica La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —que ha sido la única iniciativa preferente de Peña Nieto y fue promulgada en diciembre de 2014— debe coordinar la creación de un Programa Nacional de Protección Integral de la infancia y trabajar para tener un Sistema Nacional de información que permita saber cómo se está beneficiando cada niño del país de los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno.

Presidencia dijo a Animal Político que los tiempos y plazos legales no han coincidido para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos: la ley se promulgó después de que el presupuesto de 2015 ya había sido aprobado y la Secretaría Ejecutiva se instaló cuando el de este año ya había sido votado en la Cámara de Diputados.

Organizaciones civiles bajo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denuncian que 20 millones de pesos son insuficientes para echar a andar la maquinaria a favor de la infancia que recae sobre esa Secretaría Ejecutiva.

“Para este año a la Secretaría Ejecutiva le toca el acompañamiento a los gobiernos estatales y municipales para establecer sus propios sistemas (de protección integral a la infancia) y lo hará con los remanentes de un programa en Michoacán”, dijo Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.

En México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y de ellos, 12.7 millones, son niños y niñas menores de cinco años, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 55.8% de los niños menores de cinco años viven en situación de pobreza y de ese porcentaje, 12.5% en pobreza extrema, según cifras del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La Redim considera que permitir que el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se realice correctamente también es una oportunidad para identificar en que se está gastando y en dónde se debe hacer inversión estratégica por la infancia.

En 2013, México invirtió 0.8% del PIB en primera infancia —niños de entre 0 y 5 años—. En todo el grupo de niños, niñas y adolescentes entre 2008 y 2011 ese porcentaje fue del 6%, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef, por sus siglas en inglés).

Ese organismo internacional alerta que el país concentra su inversión en infancia en educación y salud —el 99%—, mientras deja de lado los temas relacionados a los derechos a la protección y a la participación.

“Los recursos públicos para la infancia deben asignarse con el objetivo de que todos los niños y niñas gocen de manera integral de sus derechos. Lo anterior significa que no sólo hay que invertir el máximo de los recursos económicos en educación, salud, sino hacer una inversión en otros derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el abuso y la explotación; la protección especial a niños en contextos de vulneración de derechos; el derecho a la identidad y el derecho a la participación”, según Unicef.

Uno de los objetivos del Estado mexicano al promulgar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es justamente impulsar el derecho a la protección y la participacion de la infancia, pero por ahora, no han llegado los recursos.