Las dependencias públicas en Coahuila siguen negándose a entregar información pública: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) resolvió 52 dictámenes de incumplimiento, en donde ordenó que se resuelvan solicitudes de transparencia que han quedado pendientes, pese a que ya se ha interpuesto un recurso de revisión para que cumplan.

Durante la sesión 180 del órgano garante de la transparencia, se detallaron estos dictámenes en los que se hizo un llamado para entregar la información solicitada. Entre los sujetos obligados que incumplieron están: varios municipios, sistemas de agua, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y la UAdeC.

En esta sesión también hubo otros 50 dictámenes de cumplimiento a las resoluciones donde se ordenó reponer las respuestas y garantizar el acceso a los ciudadanos; entre las dependencias que ya cumplieron están: la Secretaría de Salud, el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral, y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Además, se analizaron siete procedimientos de denuncias por supuestos incumplimientos a la Ley de Transparencia por parte de dependencias públicas, de los cuales se declararon fundadas las interpuestas en contra del Ayuntamiento de Sabinas, Instituto Estatal de Educación para Adultos, el Municipio de Allende y el Colegio de Educación Profesional Técnica de Coahuila.

Dichos procedimientos se inician por no cumplir con los artículos del 79 al 83 en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, donde se incluye que estos mismos tengan a la vista en sus portales la información pública de oficio que consiste en la publicación de sus organigramas, nóminas de funcionarios, viáticos y gastos.

De acuerdo con el consejero presidente del ICAI, Luis González Briseño, en ambos procedimientos, dichas dependencias serán notificadas para garantizar el acceso, o de lo contrario, se harán acreedoras a una sanción entre las cuales se encuentra el apercibimiento público, multa o incluso la destitución de algún funcionario.