Aprobada por el Congreso del Estado y de manera histórica, nace en Coahuila la Fiscalía General del Estado y con ella la figura de su titular, un rimbombante  nombre de “Fiscal General”,  para así dejar atrás a la Procuraduría General del Estado. Toda creación lleva una concepción de lo ideal que puede surgir, y si en materia de justicia se trata, pues, reviste mucha mayor importancia, a tal grado de que los ciudadanos deben ver con algo de fe y esperanza este nuevo órgano de la estructura de Gobierno.

Bajo mi punto de vista teníamos una procuraduría, si bien fortalecida políticamente, no así administrativamente. Los procesos de denuncias y seguimiento carecían de una mayor profundidad al llevarlos a la investigación y resultados. Preocupa sobre manera que el tratamiento que se le da a las denuncias no revista de algo tan esencial como la respuesta a una necesidad real y clara de justicia por parte del ciudadano. Además, una investigación no puede limitarse a solamente tener un trato cordial o de buenas intenciones de los agentes y a ser un trámite administrativo más en la estadística de los delitos.

Hoy la nueva fiscalía tiene a cuestas retos mayúsculos, pues si bien tendrá mayor autonomía para tomar sus decisiones en materia legal, administrativa y financiera, que de alguna manera es positivo, también, por otro lado, su compromiso con la sociedad es mayúsculo en materia de procuración de justicia, política criminal y seguridad pública, teniendo la interesante tarea de comparecer en el congreso para tal efecto.

Además deberá crear una mayor eficacia y eficiencia en los criterios para proteger y atender a las víctimas y testigos de los diversos delitos que se comenten en el estado; involucrar a los particulares o terceros para el éxito de las investigaciones de la mano del “flamante” nuevo sistema de justicia penal; crear consejos consultivos y ejercer de manera  determinante acciones en beneficio de la procuración de justicia en nuestra sociedad. Por último, establecer puentes de información directa con la sociedad para trasmitir oportunamente cada una de sus actividades.

Interesante sería que además de esta nueva fiscalía se creara en nuestro estado un Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad y Protección de Justicia  con el objetivo de monitorear, analizar y retroalimentar el desempeño de la misma, además de velar en todo momento por la procuración de justicia, y que las observaciones e irregularidades que se detecten sean atendidas de manera inmediata en beneficio de la ciudadanía.

En conclusión, esperamos que la transición no se haga demasiado lenta y se traduzca en un freno de mano en la operatividad de la misma, que se ponga especial atención en las operaciones administrativas de la fiscalía y en la aplicación de recursos financieros para combatir carencias con las que cuenta la misma. Sin duda, el apoyo a sus funcionarios y personal de investigación será un punto medular, pues se debería incentivar el servicio de carrera con menor rotación de personal y de características sumamente transparentes. Al final, los resultados son los que hablarán por la nueva fiscalía y son los que palpe la sociedad en su conjunto.

marcelo.lara@uadec.edu.mx