Madrid. El juicio del caso Nóos, en el que la infanta Cristina será la protagonista absoluta, se reanuda el próximo martes en la Audiencia Provincial de Baleares pendiente de posibles pactos de última hora entre el fiscal y algunos de los 18 procesados. Estos acuerdos, por el que los acusados reconocen los hechos de los que les acusa el ministerio público a cambio de una rebaja en la condena, pueden complicar, de concretarse, la defensa del principal acusado, Iñaki Urdangarin. El fiscal pide 19,5 años de prisión para el esposo de Cristina de Borbón y cuñado del Rey.

Los ciudadanos españoles, aturdidos por un alud de casos de inmoralidad pública, quizá no valoren la trascendencia de la escena que van a vivir este martes. Por primera vez en la historia, la hermana de un Rey en ejercicio se sienta con todas las consecuencias ante un tribunal. Cristina de Borbón, pese a tener de su lado al fiscal y a la Abogacía del Estado, no ha conseguido eludir un juicio en el que una acusación popular, encabezada por el sindicato Manos Limpias, pide para ella una pena de ocho años de prisión por dos delitos fiscales.

La hermana de Felipe VI se sienta en el banquillo junto a otras 17 personas, entre ellas su esposo, Iñaki Urdangarin; el exsocio de este, Diego Torres, y el expresidente de Baleares Jaume Matas. Estos, pese a tener que responder por delitos más graves, no son sino figurantes de lujo en una causa en la que la hija de Juan Carlos I acapara el protagonismo informativo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares se ha trasladado para este juicio al polígono de Son Rossinyol, un área industrial a las afueras de Palma, separada de la prisión provincial por los cuatro carriles de la carretera de Soller. En el edificio de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) se dilucidará una supuesta trama de desvío de fondos públicos a través de adjudicaciones por valor de 6,2 millones de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y el Ayuntamiento de Madrid al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y registrado como entidad sin ánimo de lucro.

Cristina de Borbón será la última procesada en declarar ante el tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero, el día 26 de febrero, según el calendario provisional de la vista oral. Sin embargo, la primera jornada se presenta decisiva. Antes de que el martes a las 9.15 arranque la sesión, los imputados pueden alcanzar acuerdos con la fiscalía para lograr rebajas en las penas a cambio de reconocer los hechos que el ministerio público relata en su escrito de acusación. Los más proclives al pacto son los imputados procedentes del Gobierno balear, entre los que se incluye Matas.

El fiscal considera en su escrito de acusación que los responsables políticos se concertaron con Urdangarín y Diego Torres para beneficiar “de forma fraudulenta al Instituto Nóos”. Matas y sus antiguos altos cargos ahora imputados se saltaron las leyes de contratos de la Administración para pagar a Nóos “precios totalmente desproporcionados” basados en los “presupuestos ficticios” entregados por la entidad dirigida por Urdangarin.

Defensa comprometida

En caso de que los ex políticos baleares lleguen a un acuerdo con el fiscal Pedro Horrach y admitan estos hechos antes de que se inicie el juicio, la posición de defensa de Urdangarin y Diego Torres quedaría seriamente comprometida. El ex director general de Deportes balear José Luis Pepote Ballester, ya colaboró con la Fiscalía durante la fase de instrucción, y Matas ya dio un primer paso el pasado enero cuando cedió a la Audiencia Provincial el palacete que tiene a medias con su mujer para hacer frente a su responsabilidad civil en el caso Nóos.

Quienes parecen más dispuestos a dar la batalla legal son los cuatro altos cargos de la Generalitat Valenciana procesados en la causa. Este grupo, tras fracasar en su intento de ser juzgados en la Audiencia Provincial de Valencia, pretende convencer al tribunal de que los acuerdos que firmaron con Nóos estaban justificados.