Rigoberto Campos, Luis Miguel Cano, Max Correa y el abogado Julio Mendoza, integrantes de “Agua para todos”, en conferencia de prensa, anunciaron una estrategia legal para que la ciudadanía pueda ampararse frente al decreto firmado por Enrique Peña, el cual privatiza 295 cuencas hídricas del país. Foto María Luisa Severiano

Ciudad de México. A más tardar el miércoles se presentarán 35 amparos colectivos en 14 estados en contra de los decretos de reservas de agua, porque dan prioridad a quien primero solicite la concesión de agua y no a quien tiene uso preferente de acuerdo con la Constitución.

La Central Campesina Cardenista anunció que junto con otras organizaciones el jueves realizará protestas en todas las sedes del país de la Comisión Nacional del Agua porque lo decretos violan la Constitución en diversos artículos.

El abogado Luis Miguel Cano explicó que la base de los amparos es cuestionar que al levantarse las vedas, el recurso que se pone a disposición de las concesiones, será en primer lugar a quien primero lo solicite y no se toma en cuenta la prioridad de ejidos y comunidades que establece la constitución.

Argumentó que de esta forma se evita que no tengan procedencia porque aún no se ha asignado el agua y hay comunidades que pueden gozar del líquido. "El agua es para quien más lo necesita, si hay disponibilidad de ella, no para quien primero lo pida tal como lo establecen los decretos".

En conferencia de prensa, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, indicó que los diez decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial, que suspenden vedas en cuencas hidrológicas y establecen reservas de agua, abren la posibilidad de iniciar un procedimiento de privatización de aguas dotadas previamente por decretos presidenciales a ejidos y comunidades.

Agregó que ante ello se inició una lucha jurídica, por lo que se ampararán contra los decretos porque afectan a ejidos de 13 estados, pueden afectar a ciudadanos y es un ejemplo para aplicarse en el resto de las cuencas hidrológicas.

Detalló que defender el derecho humano al agua, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, es la base jurídica de la estrategia así como defender los derechos de los ejidos con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, Cano se refirió a que la lucha tiene que ver con el uso de recursos naturales que la constitución dice que es de todos, pero en los hechos se cede a algunos. "El artículo cuarto constitucional establece que el derecho humano al agua debe ser equitativo y sustentable, pero cómo será sustentable si se concesionara al primero que lo solicite?".

La constitución dice que para ejidos y comunidades hay un uso preferente, el articulo 27 señala que ejidos y comunidades tienen protección especial en sus aguas, pero el que los diez decretos establezcan que es el primero en tiempo y derecho rompe esta lógica constitucional.

Añadió que de marzo a junio pudieron haberse dado concesiones, se pueden dar situaciones de comunidades originarias que carecían de titulo y se dio a otra persona o tenían titulo y lo retrasaron con la burocracia pea dárselo a otros o bien el agua se da a quienes se quiere beneficiar.

Se ha puesto a disposición de todos un formato de demanda de amparo que se puede completar en línea, en la liga tinyuri.com/amparoagua.

Apuntó que las comunidades pueden cuestionar los decretos porque no fueron consultadas, se busca cuestionar a quién se da el agua, más que los decretos en si, ya que si hay agua disponible es para quien más lo necesita, "el uso equitativo y sustentable es el elemento de defensa".

Por su parte, Rigoberto Campos del Comité de defensa del agua de Mexicali, recordó que aunque hay una sequía desde 1995 en la región, la Conagua ha dado concesiones. Consideró que con este decreto se abre la ventana al fracking y es una ventana para concesionar a transnacionales.

Con el uso público urbano se da concesion a la cervecera en ese municipio y con el decreto se brinca la prelación de usos de agua, aseveró.

Entre los estados afectados con los decretos están Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León,Colima y Puebla.