La crisis que se cierne sobre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó con una decisión de la Fiscalía que pide investigar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tres ministros y a otros 27 políticos por los escándalos en Petrobras.

Rousseff, quien la semana próxima puede ser separada de su cargo si el Senado abre un juicio político en su contra, sumó hoy una nueva preocupación a la inmensa lista de complicaciones que la atormentan desde hace meses, después de que el procurador general, Rodrigo Janot, pidió investigar a personas de su estrecha confianza.

La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que indague al padrino político y antecesor de la mandataria y a los actuales ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner.

Janot estrechó todavía más el círculo y pidió también incluir en la lista de investigados al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.

En el documento, Janot destaca que "en el ámbito de los miembros" del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hay nuevos elementos que demuestran que la "organización criminal" que actuó en Petrobras "tuvo un alcance más amplio de lo que se imaginaba" y "con una enorme concentración de poder de los jefes de la organización".

Señaló además que la "organización criminal" que desvió dinero de la petrolera estatal "jamás" podría haber funcionado por tanto tiempo y de "una forma tan amplia y agresiva" en el ámbito del Gobierno federal "sin la participación del expresidente Lula".

Pero Janot fue más allá del PT e incluyó a nombres de peso del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el vicepresidente Michel Temer, quien podría sustituir a Rousseff en unos 10 días si el Senado finalmente decide apartarla de su cargo para iniciar un juicio político con miras a su destitución.