El Senado brasileño se acercaba lentamente a una votación histórica sobre el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, lo que pondría fin a 13 años de gobierno de izquierda en medio de una crisis que aqueja al gigante latinoamericano.

Si una mayoría simple de los 81 senadores vota a favor, Rousseff será suspendida del cargo mientras se realiza el juicio, y el vicepresidente Michel Temer ocupará su puesto hasta por seis meses mientras se decide si la presidenta será, o no, destituida permanentemente.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo que desea que se vote el miércoles por la noche, pero el ritmo de la histórica sesión era lento. Después de casi 12 horas, menos de la mitad de los 70 senadores enlistados para hablar había dado su discurso, lo que generó pronósticos de que la votación se llevaría a cabo hasta la madrugada del jueves.

Estoy solicitando la paciencia de todo el mundo porque necesitamos seguir con esto hasta concluirlo", afirmó Calheiros en un momento dado.

Bajo las normas del proceso de juicio político, a cada senador se le permitieron 15 minutos para hablar y muchos de ellos aprovecharon al máximo su momento bajo los reflectores, a pesar de las recomendaciones que les hizo Calheiros, quien los exhortó a limitarse a entre cinco y 10 minutos. Esa sugerencia generó enojo entre los partidarios de Rousseff, que insistieron en que era un intento por limitar su libertad de expresión.

Varios miles de manifestantes en pro y en contra del gobierno se reunieron frente al Senado, donde fueron obligados a permanecer separados por medio de un muro erigido en medio del césped. Se produjeron breves pero intensos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de Rousseff, en los que los agentes utilizaron gas pimienta y los manifestantes les arrojaron petardos. Los trabajadores de emergencia se llevaron a varias personas después de que se sintieron mal por los efectos de las nubes de gas.

Del otro lado del muro reinaba un ambiente carnavalesco, en el que los partidarios del juicio político bebían cerveza mientras portaban atuendos con los colores de la bandera brasileña.

Pese a que el intento de juicio político deriva de denuncias de que la primera mujer que preside Brasil en su historia violó leyes fiscales, el proceso se ha convertido en una suerte de referendo sobre Rousseff y su manejo del país en los últimos seis años.

Brasil está sumido en su peor crisis económica en décadas, en tanto que un enorme escándalo de corrupción en la paraestatal Petrobras ha afectado el estado de ánimo del país, incluso en momentos en que se prepara para ser sede en agosto de los primeros Juegos Olímpicos en América del Sur.

Los partidarios del juicio político culpan a Rousseff y a su Partido de los Trabajadores, o PT, por la parálisis de la economía y sostienen que el vicepresidente Temer, cuyo partido ha renunciado a la coalición gobernante, representa la única esperanza de reanimarla.

Para mejorar la vida de la nación necesitamos quitarlos en este momento", dijo el senador Magno Malta en referencia al PT a un grupo de periodistas reunidos afuera del Senado. "Comenzaremos a respirar de nuevo y el médico dirá que la nación está dando señales de vida y que estará estable pronto".

El proceso para hacerle el juicio político empezó hace poco más de un año como una iniciativa a la que se pronosticaban pocas posibilidades. Pero fue tomando impulso, aparentemente en forma irrefrenable.

Basta una mayoría simple de 41 votos para suspender a Rousseff durante seis meses en lo que se le enjuicia en el Senado, y los periódicos más importantes han contado al menos 50 sufragios a favor del juicio.

Algunos senadores partidarios del proceso dicen que tendrán al menos 60 votos, lo cual sería la señal de que son escasas las probabilidades de que Rousseff gane el juicio y reanude su mandato, el cual está programado para concluir en diciembre de 2018.

En el juicio, previsto para los próximos meses, al menos 54 senadores deben votar a favor de destituirla.

Según las encuestas, la mayoría de los brasileños apoyan juzgar a Rousseff, pero tienen poca confianza en los funcionarios que están en la línea de sucesión presidencial.

Temer ha sido implicado en el caso Petrobras, lo mismo que el actual segundo en la línea de sucesión, Calheiros. El expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, que era segundo en la línea para llegar a la presidencia, fue suspendido hace unos días debido a denuncias de obstrucción a la justicia y corrupción.

Rousseff niega haber cometido alguna irregularidad e insiste en que, a diferencia de muchos de los partidarios del juicio político, no hay en su contra denuncias de corrupción personal. Al mismo tiempo, argumenta que las maniobras en el presupuesto fueron utilizadas por presidentes anteriores sin ningún problema por ello.

Insiste en que el juicio equivale a un "golpe de Estado" destinado a desmantelar los programas sociales que han sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza abyecta en los últimos años.

Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, de tendencia centrista, niega las afirmaciones de Rousseff de que su intención sea desmantelar los programas sociales. Insiste en que quiere ampliarlos, aunque también señala que se debe aplicar la austeridad fiscal para sacar a Brasil del pozo.

Rousseff, una exintegrante de un grupo guerrillero marxista que fue encarcelada y torturada bajo la dictadura militar, fue la sucesora escogida de su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva, su mentor y un presidente que solía ser extraordinariamente popular.

Después de ganar holgadamente la presidencia en 2010, se mantuvo en la cresta de la ola mientras prosperaba la economía, pero sus índices de aprobación cayeron junto con ésta. En 2014 ganó con dificultad la reelección al sumar el 51 por ciento de los votos.

Para colmo de males, a medida que caían los precios de las materias primas que son la savia vital de la economía brasileña, los investigadores comenzaron a descubrir una multimillonaria red de sobornos en Petrobras.

Aunque los implicados provienen de todo el espectro político, muchos son altos funcionarios del partido de Rousseff, lo cual ha redundado en su contra.

La presidenta "es la que está teniendo que pagar por todo", dijo el senador Telmario Mota de Oliveira, que argumentó que no todos los problemas del país deben ser adjudicados a ella.

La investigación en Petrobras ha derivado en decenas de procesos judiciales en la élite empresarial y política del país, incluido el presidente de Odebrecht, una importante constructora.

La susceptibilidad de Rousseff y lo que se percibe como su reticencia a trabajar con los legisladores también han sido considerados como factores que le han alejado posibles aliados. Ella ha insinuado que el sexismo, en un Congreso dominado por hombres, también cumple un papel en el proceso.

La sesión del Senado tiene lugar después de que la Cámara de Diputados votó el mes pasado 367-137 en favor del juicio político, un veredicto contra Rousseff tan resonante que muchos brasileños creen que influirá sobre la cámara alta.

Si la cámara alta vota a favor del juicio político, Calheiros dijo que Rousseff será notificada el jueves y Temer asumirá funciones en ese momento.

Temer ya constituyó buena parte de su gabinete y se ha ganado elogios del mercado por su elección de un exbanquero ortodoxo para el puesto clave de ministro de Economía.

Este es el segundo juicio político que se realiza en Brasil en 25 años. En 1992, hubo un proceso contra Fernando Collor de Mello, el primer mandatario elegido democráticamente después de más de dos décadas de régimen militar. Collor de Mello terminó renunciando antes de que concluyera su juicio político en el Senado. Rousseff ha dicho varias veces que no renunciará.