El ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López se declaró esta tarde como culpable del delito de conspiración para lavar dinero ante la Corte Sureste de Texas.

En una audiencia realizada vía videoconferencia, el ex mandatario fue advertido que podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión por la jueza Nelva Ramos.

El exmandatario sostuvo que nadie lo ha amenazado ni ofrecerle algo a cambio de declararse culpable.

El acusado acepta una orden de decomiso de sus bienes en el condado de Montgomery.

La jueza le explicó que tendrá derecho a apelar de una forma muy limitada.

La sentencia será dada a conocer el 10 de septiembre.

‘LAVÓ DINERO PARA OCULTAR SOBORNOS’

En un comunicado de prensa difundido por la Corte del Sureste de Texas, se dio a conocer que Torres López se declaró culpable “en un plan de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público”, dijo el fiscal Ryan K. Patrick.

“Jorge Juan Torres-López, de 66 años, admitió haber realizado transacciones financieras en los Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila”, se menciona en el boletín.

Las autoridades norteamericanas vincularon al exmandatario con Javier Villarreal, antiguo colaborador de Torres López.

“Aproximadamente en diciembre de 2005, Héctor Javier Villarreal-Hernández fue nombrado subsecretario de Programa y Presupuesto para el estado de Coahuila. En ese momento, Torres-López era su supervisor. En julio de 2008, Villarreal-Hernández fue nombrado secretario de finanzas de Coahuila, donde permaneció hasta su renuncia en agosto de 2011.

“Villarreal-Hernández, de 49 años, también ha sido condenado en los Distritos Sur y Oeste de Texas por delitos de lavado de dinero y también está a la espera de la sentencia”, se refirió en el comunicado dado a conocer minutos después de la audiencia que tuvo Torres López esta tarde.

En estas investigaciones participaron, reportó la Corte texana, la Administración de Control de Drogas, IRS - Investigaciones Criminales, Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Además, el Fiscal General de la República de México brindó una asistencia considerable. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de la División Criminal del Departamento también ayudó.

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