Ciudad de México. La procuradora general de la República, Arely Gómez, adujo que las leyes emanadas de la Constitución, “deben cumplirse sin espacio para la negociación de los derechos que protege”. El mensaje de la funcionaria se interpretó como la respuesta del gobierno federal a la demanda de un sector del empresariado, tendiente a que el Ejecutivo federal vete la recién aprobada norma 3 de 3.

Durante la inauguración del Seminario Internacional Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917, la procuradora expuso que las reformas emprendidas en el Congreso en materia de justicia y de transparencia (incluidas las llamadas estructurales), “no son meros acuerdos cupulares entre partidos políticos, sino consensos para una mayor cercanía del gobierno con las necesidades de la población, y un avance sustantivo en los cambios estructurales que México requiere para que su gente viva mejor”.

Por iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho Quiroz, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, también asistió al seminario -en el Museo de Antropología e Historia-, donde el ministro también defendió los postulados de la llamada Carta Magna:

“Tenemos la convicción plena de que, desde el Poder Judicial de la Federación, el mejor homenaje que puede rendirse a nuestra ley fundamental es vigilar su pleno acatamiento, su plena defensa; pugnando por la solidez de nuestras resoluciones, por el pleno ejercicio de acceso a la justicia federal, a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles enmarcados en la más intensa y exigente política de respeto a los derechos humanos de todos, sin excepción”.

 Posteriormente, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, doctor en derecho constitucional, aseveró que el veto, como tal no existe como expresión legal en el principal ordenamiento del país.

 Al preguntarle sobre la demanda de veto a la ley 3 de 3 -que obliga a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, cuando establezcan tratos económicos con el gobierno-, propuesta por el sector de los hombres de negocios al Ejecutivo federal, el mexiquense replicó.

 “No sé cuál sea la decisión del Presidente (Enrique Peña Nieto), vamos a esperarla. Lo que es cierto, es que nosotros desde el día siguiente a la aprobación de esta ley de responsabilidades, hicimos pública nuestra posición sobre la posibilidad de enmendarla. Es evidente que hay una laxitud, una redacción que es por amplia, ambigua y que es de buena intención, estoy hablando del artículo 32 inciso C, que si se mantiene así pudiera generar problemas de operación que se pudiera en todo caso distorsionar el espíritu original de los legisladores”.