Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

El pasado 8 de octubre, desde la tribuna del Senado, la procuradora Arely Gómez anunció públicamente que se había consignado a los policías acusados de sembrar un arma a Paulo Díez, abogado de Infraiber. Pasaron dos semanas antes de que el juez federal concediera la orden de aprehensión en su contra. Hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha conseguido detener a ninguno de ellos.

En la acusación ante el juez, la PGR responsabilizó a los 10 policías de dos delitos considerados en el código penal como no graves, y que les permitirán obtener –si son detenidos– la libertad bajo fianza, e incluso solicitar un amparo para que no puedan cumplirse la orden de captura.

Jesús Moreno, abogado defensor de Paulo Díez, advirtió que la forma en como ha procedido la PGR obedece a una “estrategia mediática” en detrimento de una investigación eficaz, motivo por el cual solicitarán tener acceso al expediente como es su derecho en calidad de víctimas.

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Adelantó que en el juzgado pedirán que sean citados a declarar directivos de la empresa OHL de México y España pues consideran, desde su punto de vista, que estaría relacionados con el operativo ilegal instrumentado por la PGR.

Cabe recordar que los agentes involucrados en la siembra del arma a Paulo Díez argumentaron que la detención obedeció a una orden de presentación girada en su contra por la denuncia que hizo la empresa OHL de presunta intervención ilegal de comunicaciones.

Desde hace dos años, Infraiber sostiene una disputa legal con OHL por el sistema de monitoreo que le impidieron instalar en el Circuito Exterior Mexiquense y ha reportado y denunciado presuntas irregularidades en contra de la constructora española que ya derivaron incluso en un proceso sancionatorio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Acusación sin captura

En su comparecencia ante el Senado con motivo del tercer informe de Gobierno, la procuradora Arely Gómez fue cuestionada sobre la presunta siembra de un arma de fuego durante la detención de Paulo Diez, representante legal de Infraiber, ocurrida el 7 de septiembre en calles de la zona de San Jerónimo.

Lo anterior, luego de que Diez mostró a través de un video las circunstancias en que fue capturado y el momento justo en que uno de los agentes.

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Gómez respondió a los senadores que todos los policías involucrados ya estaban suspendidos, que se les había sometido a varias pruebas entre ellas de polígrafo, y que serían consignados ante un juez federal por ello.

Sin embargo, pasaron más de dos semanas hasta que el Juzgado Decimosexto de Distrito con sede en el Reclusorio Norte giró la orden de aprehensión solicitada por la PGR en contra de los agentes involucrados.

La aprehensión se ordenó contra los policías federales Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez, Juan José Castelán Vargas, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.

Autoridades de la PGR y de la propia defensa de Paulo Díez confirmaron que hasta la noche del 28 de octubre no tenían conocimiento de que ninguno de los agentes hubiera sido detenido.

El proceso en contra de los policías quedó radicado en el expediente 325/2015 y se inició por dos delitos, ninguno de ellos considerado grave.

Uno es el de simulación de pruebas materiales para inculpar a alguien, contemplado en el artículo 248 Bis del Código Penal Federal, y por el cual se contempla una pena de dos a seis años de prisión.

El otro ilícito es el de alterar, perturbar o destruir evidencia relacionada con un hecho delictivo contemplado en el artículo 225 Fracción XXXI del Código Penal y cuya pena máxima es de diez años de cárcel.

El penalista Jesús Moreno subrayó que se trata de delitos no graves por los cuales se puede obtener el beneficio de la libertad bajo fianza. Además, los agentes involucrados podrían solicitar amparos en contra de la orden de aprehensión las cuales podrían ser suspendidas si los jueces conceden ese beneficio.

Es un montaje: Diez

Paulo Díez, el representante legal de Infraiber que sufrió la presunta siembra del arma de fuego, consideró que la forma en como ha actuado la PGR evidencia un intento de “publicitar” resultados del caos más allá de proceder y detener realmente a todos los responsables.

“Creo que todo ha sido un montaje para lucimiento de la procuradora de sus dos comparecencias: la de Senadores cuando anunció la consignación y la de los Diputados del martes (28 de octubre) en donde dijo que ya se tenían las órdenes de aprehensión”, dijo el litigante en entrevista.

Moreno, abogado de Díez, consideró que los anuncios públicos que hizo la Procuraduría han terminado por afectar la investigación pues se puso en alerta a los agentes involucrados y rompió con el sigilo que se debe de seguir en cualquier averiguación y consignación.

“Lo que vamos a pedir ahora es que se nos de acceso completo al expediente como es nuestro derecho dado que Paulo es víctima en este caso. Queremos revisar cómo se han integrado las pruebas porque prácticamente no sabemos nada más allá de lo que ha declarado la Procuradora públicamente”, dijo el penalista.

Una vez que inicie el desahogo de pruebas en el proceso penal en el juzgado agregó Moreno, llamarán a comparecer a directivos de OHL entre ellos a Juan Miguel Villar Mir, cabeza de la constructora española y Sergio Hidalgo Monroy, director de OHL México.

Desde la perspectiva de los abogados, las irregularidades se presentaron tanto en la detención de Díez como en un cateo practicado en el despacho de Infraiber, obedecen a una supuesta estrategia legal patrocinada por OHL derivado de las irregularidades denunciadas en la concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

En el caso del cateo, la documentación exhibida en un proceso de amparo confirma que el operativo que implementó la PGR – en el que participaron varios de los agentes consignados- solo era para ubicar a un testigo, pero los agentes se llevaron prácticamente todos los equipos de cómputo del despacho.

“Esto no es una operación en la que solamente estén involucrados diez agentes que se volvieron locos en un determinado momento. Aquí hubo alguien que lo planeó en la PGR desde más arriba, agentes del Ministerio Público o Fiscales, y creemos que gente de OHL detrás. Es lo que se debe investigar” dijo Díez.