Luego de servir como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante 15 años, hoy Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza se despiden del máximo tribunal por el fin de su mandato. Con su ausencia, el tribunal constitucional se queda sin dos elementos que han sido consistentes, tanto en sus votaciones como en sus proyectos, con una línea considerada liberal que pugna por la consolidación del debido proceso, la garantía de los derechos humanos y la apertura en cuanto a la aplicación de la Carta Magna.

El ministro es considerado por la opinión pública como un juzgador de perfil garantista. De carrera judicial, Silva pasó por todos los niveles del Poder Judicial, desde secretario, magistrado, hasta presidente del Alto Tribunal.

“La cercanía con las responsabilidades del presidente de la Corte me hizo conocer al funcionario judicial, lo vi actuar en momentos difíciles y complicados cuando nos apedreaban el rancho (...) Escribidor de sus discursos con esmero y precisión de relojero”, así describió el magistrado Arturo Pueblita Pelisio a Juan Silva Meza, quien ocupó ese cargo de un periodo marcado por las dos grandes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, que representaron un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia.

Fue pieza fundamental en una de las resoluciones más importantes de la SCJN: la acotación del fuero militar. En julio del 2011, logró integrar a la mayoría y aprobaron la restricción del fuero militar en casos que involucren violaciones a derechos humanos de civiles. Este fallo derivó de la revisión, por parte del pleno de la SCJN, de la sentencia que emitió en agosto del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano, al que declaró responsable por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla a manos de militares, ocurrida en 1974.

En tanto, “la ministra Sánchez Cordero ha sido una voz a favor de las mujeres en esta Corte por casi 21 años, gran defensora de los derechos humanos y —hablo por esta sala— se le va a extrañar mucho señora ministra”, expresó recientemente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la primera sala del alto tribunal.

Sánchez Cordero se tituló de la UNAM con la tesis Una revolución en la interpretación del Derecho y como estudiante, participó en marchas que encabezó el rector, Javier Barros Sierra, como parte del movimiento estudiantil de 1968.

Fue la primera notaria pública, por oposición, en el Distrito Federal y de 1984 a 1993 ocupó su cargo en la Notaría Pública 182. Se desempeñó como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF hasta el año de 1995 y el 1 de febrero de 1995, el Senado de la República la eligió ministra de la Corte Suprema.

Adoptó la bandera de “la defensa de los derechos fundamentales” y su participación fue clave en temas de protección de niñez, debido proceso, defensa de las mujeres en situación de violencia y matrimonios homosexuales.

La Corte Suprema de un Estado resuelve los conflictos más relevantes de una sociedad y ejerce funciones de gobierno al interior de la judicatura, lo que le otorga gran poder sobre la gestión interna y la carrera judicial de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, comenta Úrsula Indacochea, oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (FDP).

En un análisis desde el derecho internacional y comparado sobre el proceso de elección de los jueces constitucionales, Indacochea refiere que la selección de personas idóneas para ejercer la más alta magistratura disminuye las posibilidades de influencia política sobre la judicatura, fortaleciendo así la independencia judicial y, en esa medida, contribuye a afianzar la democracia y el Estado de Derecho, al promover una efectiva separación de poderes.

Por ello, recomienda que sea obligatorio que el presidente de la República, encargado de enviar ternas de candidatos a ministros, exponga las razones por las cuales considera que cada uno de los candidatos propuestos se adecua al perfil de ministro de la SCJN.

El procedimiento que se seguirá ante las instancias internas del Senado, así como el perfil de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se seleccionará, deben ser públicos y estar claramente definidos de manera previa.

La especialista sugiere determinar cómo se evaluará, mediante indicadores objetivos, cada uno de los elementos de dicho perfil y enfatiza en que toda la información sobre los candidatos debe ser pública.

Con información de El Economista