La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo sobre las medidas de austeridad anunciadas hace unas semanas, así como el Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.
 
Las medidas de contención del gasto, adoptadas en respuesta a la coyuntura económica internacional y la nacional, derivada del alza a los combustibles, incluyen un compromiso de ahorro de hasta mil 900 millones de pesos a lo largo del ejercicio fiscal 2017.
 
De este monto corresponderán al alto tribunal 420 millones de pesos, Al Consejo de la Judicatura Federal mil millones, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 480 millones de pesos.
 
Ello, sin demérito de las metas institucionales aprobadas para cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
 

Las medidas se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada, señala el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación.
 
Sostiene que las medidas a instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente”.
 
Lo anterior, de manera que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia.
 
Resalta que el Poder Judicial de la Federación es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales.
 
Por ello, la contención en el ejercicio del gasto incluirá las áreas de servicios personales, administración de recursos materiales y servicios generales; administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, entre otras.
 
Para lograr el ahorro comprometido, se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonia y difusión.

En el rubro de servicios personales, el acuerdo dispone que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional y se sujetará a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF.
 
Se limitarán también los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables, y las plazas que permanezcan vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.
 
Con el objetivo de lograr condiciones económicas más favorables, se procurará celebrar contratos multianuales de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo, entre otros.
 
El acuerdo dispone que la adquisición de vehículos de servicio deberá limitarse al mínimo indispensable y se realizará preferentemente para sustituir el parque vehicular que haya dejado de ser útil.
 
En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, se promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del quehacer del PJF.
 
Para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, se privilegiará cuando sea posible el uso de Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos.
 
El acuerdo establece que los órganos del PJF, a través de las Unidades Administrativas responsables, reportarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el avance y los montos de ahorro obtenidos, derivados de la aplicación de las medidas descritas.
 
El Poder Judicial de la Federación resolvió durante 2016 más de un millón de asuntos, lo que es un reflejo de la carga de trabajo que debe enfrentarse con celeridad y profesionalismo.