DUBÁI.- “Arabia Saudí es uno de los primerísimos países en promover los derechos humanos”. Las palabras del representante de ese país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado miércoles, hicieron arquear la ceja a más de uno de los presentes y han desatado la indignación de los activistas.

El reino, que no garantiza ni el hábeas corpus ni la asistencia letrada, es objeto de continuas críticas por su frecuente recurso a la decapitación y por mantener las mutilaciones físicas y los castigos corporales en su código penal.

“Semejante discurso es ridículo”, declara a El País Khalid Ibrahim, el director del Gulf Center for Human Rights (GCHR).
“Toda la comunidad internacional, incluidas todas las organizaciones de derechos humanos, hemos documentado sus violaciones de derechos a gran escala”, añade antes de mencionar desde la prohibición a que las mujeres conduzcan hasta las cada vez más numerosas ejecuciones (“simplemente por manifestarse”).

En conversación telefónica desde Ginebra, donde se encuentra siguiendo la 31.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ibrahim remite a la lista de casos elaborada por su organización. “Solo por destacar uno de ellos, el doctor Mohamed al Qahtani fue condenado por ‘cooperar con la ONU’, a la que se había dirigido para denunciar un abuso”, recuerda sobre la pena a 10 años de cárcel al fundador de la Asociación por los Derechos Civiles en Arabia Saudí.

Al frente de la delegación saudí, su ministro de Información, Bandar al Ali, respondía al informe anual del relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez. Según este, el creciente número de ejecuciones en el reino “equivale a tortura y viola la legislación internacional”. El relator muestra especial preocupación por el ajusticiamiento de menores (cuando cometieron los delitos que se les atribuyen) así como del uso de la pena de muerte para el caso de protestas políticas o delitos de drogas.