Monterrey, Nuevo León.- Aunque comisiones priistas y Morena Cuarta Transformación se habían pronunciado por un juicio político, finalmente el Congreso de Nuevo León aprobó la sanción directa en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y el secretario General de Gobierno, Manuel González.

Con 38 votos a favor  y dos abstenciones fueron aprobadas las reglas procesales para aplicar sanción a los funcionarios estatales por irregularidades en la recolección de firmas para avalar la candidatura independiente a la presidencia, de Rodríguez Calderón.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó el legislativo para sancionar a ambos implicados en el desvío de recursos estatales en la señalada operación con fines electorales.

Luis Donaldo Colosio Riojas, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano mencionó que la sanción directa es la opción más viable porque un juicio político implicaría iniciar otra vez el proceso que ya fue juzgado por un Tribunal Especializado.

“Existe esa disyuntiva de si deberíamos de haber seguido el juicio político, pero les digo estaríamos nuevamente entrando a valorar si hubo o no hubo una conducta ilegítima”, indicó

Descartó cualquier tipo de arreglo que beneficie a los funcionarios estatales.

“Nosotros lo que queremos en todo momento y por eso las reglas se dictaron así es que respeten los derechos constitucionales de los dos infractores de manera que puedan presentar pruebas y alegatos que se les determinen los tiempos procesales oportunos a conformar este procedimiento especial para que en ningún momento tengan una injusticia de parte del Congreso del estado”, explicó Colosio Riojas.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente coincidió con Colosio Riojas en el sentido de que con un juicio político otra vez se tendría que comprobar la falta y a partir de ahí generar el juicio político.

“Aquí el Tribunal ya consumó y dijo que hay una falta”, expuso.

La sanción directa contempla: apercibimiento, sanción económica, inhabilitación y destitución.

Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada tricolor expresó que aunque su idea era el juicio político se votó por la sanción directa porque se llegó a ese consenso.

“Al haber mayoría que se perfiló de esta manera nosotros no vamos a ser un obstáculo”,  aseguró.

Declaró que no quisiera pensar en que es un pleito arreglado.

“Si hay otra autoridad más arriba del Congreso, judicial, que determine algo de lo que hoy aquí se voto va a ser que se restaure o se reponga este procedimiento y acabaríamos en el juicio político”,  manifestó.

Aclaró que es falso que un juicio político dure ocho meses ya que con elementos necesarios puede ser de 45 a 60 días.

“En un plazo de aquí al 20 de diciembre tenemos que aplicar una sanción y para el PRI debe de ser ejemplar”, sostuvo.

Las reglas procesales establecen que Rodríguez y González tendrán una audiencia para presentar pruebas y luego de agotar esa etapa se dictaría la sanción.