De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR) también figura una acusación directa contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que lo llevará ante un juez.

En su columna “Estrictamente personal”, que se incluye en esta edición, refiere que el señalamiento es por su presunta labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético, durante el periodo en que Lozoya encabezaba Petróleos Mexicanos (Pemex).

La semana pasada, Reforma publicó que el exdirector de Pemex estaba dispuesto a declarar en contra de Salinas, por tratar de influir en la asignación de contratos con la petrolera del Estado.

En consecuencia, explica Riva Palacio, será llamado a declarar ante un juez para responder los dichos de quien lo incriminó; misma situación que enfrentarán los exmandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En el caso de Calderón, por supuestos privilegios otorgados a las empresas brasileña Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

Al respecto, la revista Proceso ha señalado al expresidente panista en sus últimas dos ediciones. Según su información, documentos en poder de la FGR indican que su gobierno modificó la fórmula del etano y el contrato para que la transnacional brasileña tuviera ganancias del 30 por ciento por un plazo de 20 años, a costa del desmantelamiento de la industria petroquímica nacional.

Riva Palacio expone que Calderón aparece en la denuncia de Lozoya, misma en la que acusó a Peña Nieto y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de operar sobornos por más de 500 millones de pesos para apoyar su campaña y las reformas estructurales.

‘INSTRUMENTO ÚTIL DE AMLO’

El columnista también considera que la inclusión de Salinas y Calderón en los entramados de corrupción forman parte del acuerdo de Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero, que convierten al exdirector de Pemex en un “instrumento útil del Presidente” para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo “neoliberal”.

Y que en ambos casos Lozoya tendrá que demostrar si en los contratos hubo ilegalidad y una afectación al erario.