Zacatecas, Zac. En el ocaso de su gestión, cuando en las campañas políticas afloró la corrupción como principal lastre del desarrollo del estado, la vocación inmobiliaria de la familia Alonso ha salido a la luz. No sólo el gobernador Miguel Alonso ha incrementado exponencialmente sus propiedades en menos de seis años, también sus hermanos Juan Manuel y Lucía, así como su cuñado Eleazar Ávila Márquez, han sido denunciados penalmente por la probable comisión en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.

Legisladores locales y federales interpusieron formalmente a mediados de mayo, dos querellas con esa imputación contra Miguel Alonso y sus familiares, ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre quienes firmaron la querella se encuentran los senadores Manuel Bartlet Díaz y Héctor Menchaca; el diputado federal Jorge Álvarez Maynez y los diputados locales Cuauhtémoc Calderón, Antonio Mejía Haro, Iván de Santiago Beltrán, Bibiana Lizardo y Antonio Arias.

Sin antecedentes como empresario ni ligas en otras actividades productivas, la fortuna del gobernador ha crecido por su desempeño como funcionario publicó, especialmente en su sexenio que concluirá en septiembre. Desde la secretaria particular del entonces gobernador Ricardo Monreal, pasó a desempeñarse como alcalde de Zacatecas, para luego convertirse en Secretario de Turismo local.

Con ese cargo público “repitió” en la administración de Amalia García Medina y luego se convirtió en diputado local de 2007 a 2010, para luego convertirse, con base en su carisma, en gobernador del estado (2010-2016).

Ahora al final de su sexenio y con el respaldo de sus funcionarios, Alonso Reyes presentó unos días después de conocer la querella en su contra ante la PGR, una suerte de declaración patrimonial “oficial”, después de cuatro años de no haberla hecho pública, con el agravante político de que, organizaciones como la COPARMEX, han apuntado que el mandatario zacatecano no ha presentado su declaración 3 de 3.

No obstante, en su declaración presentada ante los titulares de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Finanzas, de su propio gobierno, Alonso Reyes informó tener bienes muebles e inmuebles por un monto global de 20.7 millones de pesos.

Y aunque entre sus propiedades dijo tener dos "terrenos rústicos" en las comunidades de Malpaso, municipio de Villanueva y otro en Machines, municipio de Zacatecas, sin embargo en la vida real estas propiedades son dos ostentosos ranchos, erigidos durante su sexenio, como lo denunciaron ante la PGR quienes interpusieron la querella.

Además en el Registro Público de la Propiedad, se reportan 6 propiedades más, algunas en exclusivos fraccionamientos de la capital del estado como Conde de Bernárdez (2), Tahona (1) y Bonaterra (1 casa que ya tenía, pero que el mandatario remodeló en su sexenio a todo lujo), entre otros inmuebles.

Al respecto Jesús Alberto Gaytán Espinoza, ex director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), –quien como abogado e investigador privado elaboró gran parte de los expedientes de denuncia que presentaron los legisladores ante la PGR, sostiene que tan solo el "predio rústico" de Malpaso, tiene un costo superior a los 40 millones de pesos, cifra muy superior a los 20.7 millones de pesos que Alonso Reyes declaró como valor de todos sus bienes.

El coautor de la denuncia presentada por los legisladores, señala que nada más de lo que consta en el Registro Público de la Propiedad, no se corresponde con los ingresos del gobernador en su trayectoria como funcionario, “no se corresponde con las propiedades que se reportan”.

Pero además documentó Gaytán Espinosa que Lucía Alonso –hermana del mandatario-, tiene ahora 17 propiedades reportadas ante el registro público, cuando de 3 cargos públicos que ha ocupado, dos son honorarios (a cargo del DIF municipal y estatal) y su esposo Eleazar Ávila Márquez posee registradas 15 propiedades más.

Entre Lucía y Eleazar se dio la polémica transacción de un predio en el fraccionamiento Siglo XXI, en el trienio 2001-2004, cuando era alcalde Miguel Alonso Reyes, terreno que estaba destinado como área de donación para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero el entonces edil no concluyó el “proceso de donación”, y ahora es propiedad del matrimonio Alonso-Ávila.

La documentación que contiene los números de expedientes del Registro Público de la Propiedad se encuentran ya incluidos en la denuncia ante la PGR, señala Gaytán.

En ella también se incluye el irregular comportamiento de la empresa Inmobar, propiedad del sobrino del gobernador Diego Alonso, hijo de Juan Manuel Alonso Reyes, que a sus 25 años de edad inició una empresa constructora, con un capital inicial reportado de 3 millones de pesos, y ha participado y ganado diversas licitaciones de obra pública.